La falta de funcionalidad del equipo de radioterapia para los tratamientos de pacientes oncológicos del Instituto Nacional de Cáncer (INCAN) nuevamente quedó parada por falla en el equipo que debe ser reparado y el procedimiento depende exclusivamente del representante que debe traer el repuesto del exterior, el explicó el doctor Julio Rolón Vicioso, viceministro de Salud.

En febrero se cumple un año del pedido que se realizó al representante en Paraguay y ya se solicitó el cambio ya que este es además el que maneja las derivaciones de pacientes cuando la máquina del INCAN cae.

“El dinero está, no es un problema del ministerio sino de la empresa y estamos esperando que traiga el repuesto”, afirmó Rolón.

Mientras el equipo soportó hasta 80 pacientes por día que de superar esa cantidad tendría desperfectos cada tres meses, situación que se presentó y debido a la demanda se decidió comprar un nuevo acelerador lineal para radioterapia que se tendrá entre junio y julio adelantó Rolón en contacto con Radio UNO.

“Solicitamos la compra de otro acelerador para una capacidad de 140 pacientes por día y cubrir así el 95% de la demanda”, agregó. La inversión para la adquisición del nuevo equipo ascienda a USD 1.500.000 y al que se debe agregar software para incorporar más posibilidades de tratamiento como la neurocirugía que tendría un costo adicional de 500 mil dólares más.

Por su parte, el doctor Nelson Mitsui, director del INCAN explicó que el problema es que la camilla que se utiliza para el tratamiento bloquea el equipo y por eso no tiene funcionalidad por el momento. Los pacientes, al menos 70 por día son derivados a centros privados para no interrumpir el tratamiento, indicó.

Destacó que se aguarda la compra del nuevo acelerador lineal con el que se podrá aumentar la oferta de servicios mientras, se podría contar con un equipo que se encuentra descompuesto hace un par de año y al reactivarlo también servirá para los tratamientos.

“Estamos viendo la posibilidad de reactivar ese aparato mientras duren los procesos. Todos los procesos y llamados llevan su tiempo, son muchos papeles que hay que completar, muchas oficinas por las que se pasa y se hace difícil para nosotros que somos los que damos las explicaciones pero este año creemos que todo va a mejorar”, puntualizó.

Mitsui indicó que con el presupuesto de este año y el trabajo por la reglamentación de la ley de cáncer, se podrá ofrecer mejores servicios al paciente con cáncer.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.