Los pacientes con diagnóstico COVID-19 que ingresan a terapia intensiva permanecen durante varios días en posición decúbito prono intubados (boca abajo) sin que se los pueda cambiar de posición ya que esta favorece la distribución de oxígeno en los pulmones ya que así se expanden, explicó la Licenciada Gricelda Servín, enfermera del Área de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Nacional de Itauguá que inició una campaña para conseguir almohadillas de apoyo para evitar úlceras en estos pacientes.

“Las úlceras por presión son el resultado de la destrucción cutánea y por consiguiente necrosis del tejido subyacente, grasa y músculo. Son producidas por diversos factores como la humedad, desnutrición, obesidad, presencia de enfermedades subyacentes, temperatura corporal elevada”, explicó la profesional a través de su cuenta de Twitter.

Recordó que los profesionales de Enfermería tienen una importancia vital en el tratamiento ya que son los encargados de establecer un plan de cuidados para prevenir la aparición de estas lesiones.

El decúbito prono prolongado (aproximadamente 18 horas al día) debido a la presión que ejerce compromete el pabellón auricular, pómulos, acromion, mamas, codos, genitales masculinos, rodillas y dedos de los pies, indicó.

Las almohadillas serán utilizadas en puntos de apoyo como brazos, codos y cara, teniendo especial cuidado de la posición de los genitales masculinos y de las mamas en las mujeres. “No se utilizarán donut, flotadores o anillos. Se utilizarán almohadas, cojines o rollos debajo de las piernas. De ser posible el material de estos instrumentos deberá ser visco-elástico de manera que se puedan espaciar más los cambios de posición del paciente sin que ocurran lesiones en puntos de apoyo donde se utilicen”, indicó Servín.

Servín confirmó a HOY que los pacientes que son ingresados a UTI del Nacional de Itauguá son de escasos recursos y necesitan de estos cuidados por lo que recurrió a realizar el pedido de solidaridad para conseguir la donación de las almohadillas y llegar a todos.

Indicó que esta posición utilizada en los pacientes con coronavirus es relativamente nueva para los profesionales y como se utiliza con más frecuencia también se presentan las complicaciones en cuanto a lesiones faciales por no contar con el apoyo adecuado de la cabeza.

“No hay nadie que haya conseguido ningún tipo de almohadilla para este tipo de pacientes, ni los familiares saben dónde comprarlas”, puntualizó la profesional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.