Un hombre que empezó a sentirse mal con síntomas de coronavirus el 30 de diciembre pasado, decidió esperar para consultar porque quería pasar las fiestas en su casa, pasaron dos días y el 2 de enero llegó hasta el hospital y directamente quedó en terapia intubado por el estado grave en que llegó al servicio.

Esta es una de las realidades en los hospitales de contingencia del sector público y fue relatado por la Doctora Leticia Pintos, directora de Terapia Intensiva y Servicios Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública en contacto con Monumental.

Las camas de terapia intensiva llevan ocupadas al 100 por ciento hace cinco semanas y son pacientes jóvenes que requieren ingresar a cuidados intensivos por la gravedad del estado en que llegan a Urgencias.

Pintos indicó que los fallecidos en su mayoría son personas que no ingresaron a terapia o que ingresaron poco tiempo por Urgencias y entre estos se encuentran pacientes con menos de 45 años sin comorbilidades.

“Estamos igual que hace 15 días pero las consecuencias de la Navidad y Año Nuevo tendremos en el final de esta semana, con el relajo que hay ahora mismo”, afirmó Pintos.

Normalmente el pedido de traslado de pacientes a terapia intensiva desde hospitales que no cuentan con el servicio, incluye a personas de más de 60 años pero en las últimas semanas los pacientes tienen entre 29 y 41 años.

“Tenemos mucha gente joven que requiere terapia y son personas sanas, en teoría. Hay algunos con sobrepeso, uno o dos, dos con más de 60 años y el resto entre 30 y 50 años sin comorbilidades y todos graves, la gente llega mal a la consulta va cuando ya siente que le falta el aire y ese síntoma es cuando la enfermedad ya está desarrollada en su forma grave”, advirtió.

La profesional manifestó su preocupación ante la situación que se presenta ya que el 45 a 50 por ciento de la gente intubada es la que sale de alta y el resto muere.

“Está muriendo mucha gente, no solo las que están en terapia, algunos están en sala común y hacen falta de aire brusca y al llegar al socorro fallecen. Un 40 por ciento no está en terapia y por falta de oxígeno hacen infarto y mueren de forma súbita”, afirmó.

Actualmente, son 26 los pacientes que se encuentran en terapia intensiva de los hospitales y sanatorios privados y adelantó que posiblemente hoy ya estén operativas las 16 camas en el Hospital Nacional de Itauguá y trasladar en ellas a los pacientes que están estables y liberar los cupos en el privado debido a que el presupuesto para al derivación “no es infinito”.

El tiempo promedio de estadía en sala común es de 7 a 10 días y en terapia de 15 a 20 días y hay casos de internados graves que llevan 45 días en respirador por haber sufrido una lesión pulmonar severa y no pueden dejar el respirador.

“Hay pacientes con secuelas pulmonares porque el daño queda en el pulmón y hay casos de gente que logró el alta hace cinco mees y sigue sin poder subir escaleras, queda el daño y en algunos casos es permanente”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.