Unas 130 pacientes oncológicas del Hospital Nacional de Itauguá buscan ser visibilizadas por las autoridades de la cartera sanitaria a quien piden mayor atención y que no las dejan a un lado en cuanto a provisión de medicamentos y equipamiento para seguir sus tratamientos en forma.

Ellas se suman al pedido de las pacientes con cáncer del INCAN de incluir en el listado básico de medicamentos tres fármacos que tienen un precio elevado y es inaccesible para todas, estos son: Trastuzumab, Fulvestrant y Pertuzumab (Perjeta).

“Estos medicamentos tienen un costo muy elevado llegan a 25 millones de guaraníes cada frasco y no se consigue ni por Diben ni por otra fundación y alrededor del 20% de las compañeras necesitan esta medicación para seguir sus tratamientos”, explicó Noelia Gaona, paciente oncológica del Nacional.

Estos medicamentos sirven para desacelerar el cáncer y que no termine en metástasis en el cuerpo y se dañen otros órganos lo que incrementa la supervivencia en pacientes con esta enfermedad.

“Queremos que el MSP nos provea este medicamento, que no nos dejen de lado porque y es un medicamento que se necesita uno por mes y ni con 10 polladas se puede juntar y hay quienes deben utilizarlo mínimo un año, son 12 frascos al año en ese caso y hay otras que durante más tiempo, es incomprable”, aseguró Gaona.

Ante la situación de no contar con los recursos para adquirir la medicación, Gaona admitió que las pacientes además de luchar contra el cáncer también luchan contra la deficiencia del sistema de salud para asegurarle un tratamiento sin interrupciones.

“Queremos seguir viviendo y seguir luchando. Hace poco en el INCAN falleció una paciente esperando la medicación a través de un amparo y es la situación de una a dos personas por día, mueren en la espera”, lamentó.

Manifestó otra inquietud del grupo de paciente ya que existe la posibilidad de que el servicio de Mastología y Oncología se cierre, situación que será un perjuicio para ellas debido a que varias llegan desde el interior del país y además porque serían trasladas al INCAN que se encuentra colapsado.

“No queremos que se cierre nuestro servicio, queremos seguir acá nuestros tratamientos porque el INCAN está saturado y llegar hasta el Nacional nos facilita mucho porque llegamos de varios puntos del país”, agregó Gaona.

En cuanto a la disponibilidad de equipos, destacó que muchas pacientes aguardan turnos para la radioterapia que una vez indicada se logra turno seis meses después, tiempo que no contribuye con la necesidad de someterse de manera urgente al tratamiento.

Una sola máquina de radioterapia

“En el INCAN está la única máquina que un día funciona y al siguiente no y la recomendación de la OMS es que por cada 700 mil habitantes haya un equipo y necesitamos por lo menos una más”, indicó.

Noelia abogó porque este octubre sea diferente para las pacientes, que sea realmente un mes en que se tenga en cuenta sus necesidades y si bien apoya las campañas de prevención considera que no son suficientes porque del lado que le toca es donde se pasa mal cuando no acceden a medicamentos ni tratamiento.

“Pedimos más apoyo, que no sea solo un octubre de lazos, apoyo los vídeos de prevención pero la gente que estamos en la lucha pedimos que no nos olviden”, afirmó.

Ella logró realizarse 33 sesiones de quimioterapia a través de la ayuda monetaria que gestionó ante la Entidad Yacyreta que le proveyó de G. 18 millones, lo que cuesta la totalidad de las sesiones. “Busqué ayuda por todos lados, no podía esperar turno para dentro de seis meses, ahora estoy en vigilancia y por 5 años tuve que estar en control permanente con medicamentos y cada tres meses tengo que hacerme estudios, estamos en eso”, destacó.

Debido a la necesidad de que sus reclamos sean escuchados, las pacientes se encuentran en proceso de creación de la Asociación de Pacientes Oncológicas del Hospital Nacional de Itauguá y Familiares (APOHNIF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.