En el Hospital Nacional de Itauguá los reclamos se mantienen en varios sectores en cuanto a dolencias de pacientes y entre ellos se encuentran los renales que no reciben los insumos básicos para las sesiones de diálisis y postergan los tratamientos que son vitales.

Durante la manifestación realizada hoy frente al centro asistencial Marissa Brítez, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales del HNI indicó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya adjudicó la compra de insumos a una empresa para que realice la provisión sin embargo, llevan meses sin los insumos suficientes.

El reclamo de los pacientes es que se mantienen todos los días en la incertidumbre de si recibirán o no el tratamiento como consecuencia del desabastecimiento que vienen arrastrando ya por seis meses.

Brítez explicó que los insumos básicos como filtros y desinfectante para las máquinas no están disponibles y sin eso las sesiones no se pueden realizar.

“No podemos darnos el lujo de no hacernos las sesiones programadas que son tres veces por semana cuatro horas al día, ya aguantamos mucho la desidia y hasta ahora no tenemos respuesta definitiva a la situación y llegó el momento en que ya no podemos””, afirmó en contacto con GEN.

Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades sanitarias, el próximo martes la manifestación se trasladará hasta el MSP donde también se unirán pacientes de diferentes centros de diálisis a nivel país.

“Hay compañeros ya que fallecieron por falta de tratamiento, envían insumos para uno o dos días y es poco para todos. Hay compañeros que vienen del interior porque tampoco son atendidos en sus centros y mueren”, puntualizó.

La Doctora Yolanda González, directora del centro de alta complejidad confirmó la situación en contacto con Universo 970 y explicó que se encuentran a la espera de la entrega requerida. Afirmó que ellos dependen de otras instituciones y ya luego se encuentran con la problemática y la urgencia por resolver las urgencias para los pacientes en tratamiento.

“En los renales, tenemos déficit de insumos para ellos, y es la provisión que no recibimos en tiempo. Ellos forman parte de la población débil porque dependen de las máquinas que están trabajando 22 horas por día en turnos de cuatro horas”, explicó.

La profesional agregó que reciben alrededor de 50 urgencias de este sector de pacientes y que para brindarles todo lo necesario dependen del Instituto Nacional de Nefrología.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.