El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Fabián Weisensee, Juan Mendoza y Laura Ocampo ayer dio a conocer la sentencia por la que condenaba a 11 años de prisión al comisario Jorge Zárate y a 20 años de cárcel al suboficial Jhonie Orihuela en el marco del caso conocido como “gatillo fácil”.

En entrevista con la 970 AM, Richard Pereira (padre) habló sobre este fallo y dijo que cualquier condena les hubiese parecido poco, esto considerando el estado en el que quedó su hijo, pero de igual manera destacó que lo importante en este caso es que sí hubo una condena contra los uniformados.

“Realmente pensábamos que no íbamos a llegar a esto, no teníamos mucha esperanza porque era una rosca bastante fuerte, hasta el último momento dudé”, expresó.

Luego de haberse conocido la sentencia, su hijo -quien quedó parapléjico luego de haber sido víctima de un disparo en la nuca- se mostraba tranquilo “y con una paz”, según afirmó su padre. “Se limpió su nombre y se mostró la culpabilidad de los policías”, acotó.

Pereira (padre) recordó que el comisario Jorge Zárate estaba a cargo del operativo y por ello también tiene responsabilidad en el incidente. Además, sostiene que fue él quien fraguó todo al mandar llevar el vehículo de su hijo a la comisaría y pedir que le planten las drogas y el arma allí dentro, además de mentir diciendo que él supuestamente había disparado el arma.

“Al principio de este juicio el comisario entraba con un aire de superioridad, todos los días me miraba y me saludaba pero era un saludo burlón, lo hacía a propósito. Después de que declaró el jefe de policía Blas Cristaldo, ahí se le derrumbó todo porque hasta ese momento todo apuntaba sólo a Orihuela”, puntualizó.

El hombre sostuvo que el día a día de su hijo es dificilísimo, pues hay ocasiones en las que le cuesta levantarse de la cama, esto considerando que tan solo posee el 18% de movilidad en el cuerpo y se ve bastante limitado a la hora de hacer las cosas.

Pese a ello, destacó que de igual manera sigue trabajando y ayudando con el sostenimiento de su familia, conformada por sus dos hijos y su pareja. Actualmente, su hijo se dedica a la reparación de teléfonos celulares.

Pereira anunció la presentación de una demanda civil contra el comisario Jorge Zárate, el suboficial Jhonie Orihuela y el Estado paraguayo, a fin de exigir algún tipo de reparación económica por el tremendo daño que sufrió su hijo en aquel procedimiento policial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.