“En nombre de nuestros clientes Anne Reiniger, madre de Clara (Egler), y Filip Blank, padre de Lara (Blank), nos gustaría informar que, en relación con la búsqueda de sus hijas de sus respectivos primeros matrimonios, se han producido fructíferas conversaciones”, expresó el abogado Stephan Schultheiss en un comunicado divulgado la tarde de este lunes.

“Estamos con nuestros clientes en Asunción, quienes participan directamente en la coordinación con las niñas y los demás padres. Mientras tanto, también han tenido la oportunidad de un intercambio telefónico directo con sus hijas”, remarcó.

Clara (10 años) llegó a Paraguay con su padre, Andreas Rainer Egler, de 46 años, y su nueva pareja Anna Maria Egler (Scharpf, apellido de soltera), de 35.

Junto con ellos viajó también la niña Lara Valentina Blank (11), hija de Anna Maria Egler y Filip Blank.

Anna y Andreas Rainer Egler no contaban con el permiso para salir de Alemania con las niñas, refirió la Fiscalía.

Las menores ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre de 2021 y fueron vistas por última vez el 19 de enero de 2022, según las autoridades paraguayas.

Ante lo ocurrido, la Interpol emitió órdenes de captura de Andreas y Anna Egler.

Hace una semana, la madre de Clara y el padre de Lara autorizaron a la Fiscalía y la Policía en coordinación con el ministerio de la Defensa Pública de Paraguay a lanzar una búsqueda pública de las desaparecidas.

La pareja prófuga respondió por video mensaje y se inició el contacto. “Juntos estamos buscando una solución que haga justicia a los derechos de todas las partes implicadas, pero sobre todo al interés superior del niño”, sostuvo Schultheiss.

“Es importante para todas las partes implicadas encontrar una solución constructiva y buena que ponga fin a la vida de huida de las niñas a corto plazo”, agregó.

Dijo que los requirentes y sus asesores jurídicos se encuentran “en estrecho contacto” con las autoridades locales, la embajada Alemana en Asunción y la independiente Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

“También estamos en estrecho contacto con las autoridades fiscales alemanas e internacionales”, precisó.

Según Schultheiss, el contacto con las menores ocurrió este fin de semana.

“En los últimos días hemos realizado varias llamadas telefónicas a través de un servicio de mensajería a las niñas y a sus otros padres, Andreas Egler y Anna Egler. En estas llamadas telefónicas buscamos una solución amistosa para poner fin a la sustracción de las niñas”, explicó.

Anne Reiniger y Filip Blank prometieron retirar su denuncia si la pareja devuelve a las menores y llega a un acuerdo sobre la tenencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.