Padres son condenados por no pagar prestación alimentaria de sus hijos
Los padres fueron condenados por no cumplir con sus obligaciones de asistir económicamente a sus hijos.
En primer lugar, la fiscal Viviana Sánchez logró una condena por incumplimiento del deber legal alimentario en un juicio oral. El sentenciado está identificado con las iniciales J.W.F. y fue sancionado con 2 años de pena privativa de libertad.
Según los registros, el 26 de julio de 2018, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia determinó que el padre debía aportar mensualmente G. 600.000 a favor de su hija. Este monto -según la sentencia definitiva número 209- debía ser depositado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Pero, el acusado no cumplió con su obligación y acumuló una deuda de G. 23.050.000.
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Tras la denuncia presentada por la madre, la Fiscalía inició una investigación contra el acusado, que finalmente derivó en su condena. El fallo fue dictado por los jueces Herminio Montiel, Marino Méndez y Zunilda Martínez Noguera, quienes conformaron el Tribunal de Sentencia.
En el segundo caso, la fiscal Daisy Sánchez sostuvo la acusación en un juicio oral y público en el cual – basándose en la presentación de suficientes elementos probatorios – demostró la responsabilidad penal en la conducta del procesado José Manuel Gavilán Cañete.
Durante el juicio, Gavilán Cañete fue condenado por un Tribunal de Sentencia a dos años con suspensión a la ejecución de la condena por incumplimiento del deber legal alimentario, en perjuicio de su hija.
Según el relato de los hechos, en el principio de la causa, Loida Eunice Marín Melgarejo (madre de la niña) formuló la denuncia ante la Oficina de Mesa de Entrada y Denuncias de la Fiscalía Zonal de Itá.
Posteriormente, la mujer declaró ante la Unidad Penal que intervino en su denuncia y mencionó que José Manuel Gavilán Cañete -desde el inicio de la demanda- depositaba de manera irregular el monto de dinero que el Juzgado le había impuesto el 31 de octubre de 2017.
El concepto de dicho depósito impuesto por la instancia judicial fue por prestación alimentaria. El dinero debía depositarse en una cuenta del BNF habilitada para el efecto, a favor de su hija.
Finalmente, por la irregularidad en el pago, el Ministerio Público acusó a José Manuel Gavilán Cañete, como autor de incumplimiento del deber legal alimentario, hecho que fue probado fehacientemente por la fiscal Daisy Sánchez en el juicio oral y público.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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