En los últimos días, varias instituciones educativas de gestión oficial iniciaron el proceso de matriculación de estudiantes para el año lectivo 2020.

Tal y como ocurre cada año, varios padres de familia denunciaron a las llamadas “Asociaciones de Cooperación Escolar” (o ACEs) por exigirles realizar el pago de un arancel en concepto de “aporte voluntario” para poder inscribir a sus hijos.

Ante esta situación, desde el MEC decidieron emitir un comunicado con el fin de desacreditar este tipo de prácticas y, a la vez, exigir a los responsables de las escuelas y colegios públicos el cumplimiento de las normas vigentes.

“Bajo ninguna circunstancia, el Ministerio de Educación y Ciencias avala el cobro de ningún tipo de arancel o aporte voluntario de parte de directores, profesores o cooperadoras escolares para condicionar la inscripción de estudiantes o la entrega de libretas”, refirió Robert Cano, viceministro de Educación, en un video publicado en Twitter.

El mismo señaló que el MEC desembolsó, a la fecha, la suma de G. 56.000 millones en concepto de Aporte de Gratuidad para las instituciones educativas del sector público y adelantó que en los próximos días sumará otro aporte de G. 3.000 millones para completar dicho cupo.

Igualmente, instó a la comunidad educativa a hacer frente a este tipo de irregularidades realizando las denuncias respectivas, a fin de que las mismas puedan ser canalizadas. Para el efecto, se ha habilitado la línea gratuita 0800 114 975 y el correo electrónico quejasydenuncias@mec.gov.py.

Por su parte, el director de Transparencia y Anticorrupción del MEC, abogado José Casañas Levi, utilizó sus redes sociales para cuestionar el llamado “aporte voluntario” exigido por las ACEs en las instituciones educativas y aseguró que “nadie puede condicionar la matriculación o entrega de libretas de alumnos”.

Igualmente, instó a las personas que pudieran verse afectadas a realizar sus denuncias al mail anticorrupcion@mec.gov.py o directamente en una de las oficinas del MEC ubicada en las calles Montevideo 830 c/ Humaitá.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.