El exministro de Hacienda, Santiago Peña, señaló que pese a las advertencias, el Poder Ejecutivo nuevamente logró que el Senado aprobara tres proyectos de Ley para endeudar aún más al país. A su parecer era mejor enfocarse en el Presupuesto de Gastos de la Nación para recién el siguiente año evaluar la posibilidad de adquirir nuevas deudas.

En conversación con el programa Tempranísimo, por la radio 970 AM y el canal GEN, lamentó además que con estas deudas se están privilegiando acuerdos políticos de corto plazo sobre el beneficio económico de largo plazo. “Esto tiene nombre y apellido; este bloque que se ha formado en la Cámara de Senadores entre algunos senadores de la bancada oficialista de gobierno junto con los del PDP y Frente Guasu, con algunos referentes del efrainismo”, comentó.

Si bien destacó que Paraguay está lejos de una debacle económica gracias a la fortaleza alcanzada a lo largo de estos años, el déficit fiscal es muy elevado y se salió de control, porque podría llegar al 6%, además estimó que la salida de la crisis será muy costosa.

Advirtió que la situación es muy peligrosa porque este Gobierno tiene la responsabilidad de entregar el mando, el 15 de agosto del 2023, con un déficit fiscal menor al 1,5%, tal como lo recibió en el 2018.

“Lo preocupante es que se están financiando gastos corrientes, que no tienen retorno directo. Lo que tenemos que ir viendo es cómo bajar el déficit fiscal. Este Gobierno tiene la responsabilidad de entregar el mismo nivel de déficit que recibió”, refirió.

LO QUE FUE APROBABO

El proyecto aprobado en Senado y que pasará ahora a Diputados establece la aprobación de una emisión de deuda de unos US$ 47 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas sociales en el marco del programa del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVIS).

Mientras que para la financiación de los programas sociales se aprobó una nueva deuda de hasta US$ 125.000.00 a través de créditos con organismos internacionales. Del total, US$ 50 millones será para financiar el Pytyvô 2.0, unos US$ 8 millones para los programas de Tekoporâ, Mi almuerzo escolar, Abrazo y para Conectividad.

Así también, del total de esos recursos US$ 50 millones irá para los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) para financiar los gastos del seguro social en un 80% y para los gastos corrientes un 20%. En el artículo 4º establece que el IPS podrá solicitar al Banco Nacional de Fomento, o a otras entidades del sistema financiero nacional, la apertura de líneas de crédito, con el objetivo de financiar requerimientos temporales derivados de la disminución de los ingresos por aportes.

Mientras que unos US$ 17 millones irán para las gobernaciones, los mismos serán distribuidos en partes iguales para cada una de ellas. Estos recursos podrán ser utilizados para gastos corrientes hasta el 20% y como mínimo el 80% para gastos de capital, dando preferencia a la industria nacional, a la mano de obra local y a las empresas que se encuentran en el territorio departamental.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.