La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, quien estuvo 25 años en el Parlamento, cobre el mismo porcentaje del salario actual de los congresistas, pese a que él en su momento aportó a la caja un monto menor.

De esta manera se abrieron las puertas a que más exlegisladores cobren su jubilación con el salario actual de un parlamentario activo.

El argumento que los ministros del Poder Judicial alegaron fue respetar la garantía de igualdad ante la ley para que pueda percibir el 100 % del salario de los actuales políticos del Congreso.

Sin embargo, Carlos Cabral, director de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), rechazó que “el ciudadano común” -tal como dice el diputado Carlos Portillo- pueda percibir el mismo dinero de los actuales salarios en la empresa donde estuvo trabajando, sino que únicamente recibe el dinero promediando lo que llegó a aportar.

A esto se suma que existe una fórmula mediante la cual cada año se hacen pequeñas variaciones al monto jubilatorio, para que este suba de acuerdo a la variación del costo de vida, pero en ninguno de los casos se pasará a cobrar lo mismo que la persona que ocupa el cargo donde el jubilado estaba antes. “Por ejemplo, puedo jubilarme con G. 15 millones o G. 20 millones. Después eso se incrementa conforme a la variación del costo de vida, pero una vez que pasé a la situación de pasivo, eso no significa que el director de IPS ahora gana G. 40 millones y a mí me tienen que llevar a G. 40 millones mi jubilación”, expresó.

El funcionario público mencionó que el aportante pasa a ser jubilado cuando cumple 55 años de edad y tiene 30 años de aporte, esto le permite percibir el 80 % del promedio de los últimos 36 meses salarios; cuando cumple 60 años y cuenta con 25 años de aporte, sí podrá recibir el 100 % del promedio de los 36 últimos salarios recibidos, y la tercera modalidad es cuando se cumplen 65 años de edad y se tienen 15 años de aporte, con el beneficio del 60 % promediando los últimos 36 salarios percibidos.

Un dato no menor es que el IPS establece un límite de 20 millones de guaraníes para abonar en concepto de jubilación, según contó Cabral a la radio 730 AM.

¿JUBILACIÓN CON LOS 10 AÑOS DE APORTE?

Otro punto conflictivo es que los senadores, diputados y parlasurianos pretenden jubilarse con 10 años de aporte, siendo esto impensado para el resto de los mortales, a no ser que el trabajador se acoja a la jubilación por invalidez.

El director comentó que, en el caso de la invalidez por enfermedad común y cuando la persona tiene menos de 60 años de edad, la cotización mínima que exige el IPS es de tres años de aporte anteriores al inicio de la incapacidad. La tasa sustitutiva del beneficio será del 50 % del promedio del salario de los 36 meses últimos. Ese porcentaje puede aumentar 1,5 % por cada año de aporte contando recién después de los tres que son requeridos para dar este beneficio.

Cuando uno tiene un accidente de trabajo y queda con una incapacidad absoluta, el IPS podría dar la jubilación, sin siquiera haber aportado ni una sola vez. En este caso, el monto a percibir es del 75 % del salario mínimo vigente cuando ocurrió el accidente. “Yo por ejemplo sufro accidente grave en mi primer día de trabajo, entonces entra en esta modalidad, pese a no haber abonado al IPS”, acotó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.