Horacio Torres confirmó este martes que por cuenta propia presentó renuncia a la presidencia del Indert y que el mandatario Mario Abdo Benítez se la aceptó. “Me agradeció muchísimo, se dio cuenta del trabajo que veníamos haciendo”, dijo respecto a cómo reaccionó el mandamás.

El renunciante aseguró que no tiene nada que ocultar y que por ello se pone a plena disposición del Ministerio Público, el cual está investigando el esquema instalado en el Indert para coimear a las personas que buscan titular las tierras fiscales.

Torres indicó que lo están queriendo involucrar en la rosca y que también salpican a otras personas cercanas a él. “No quiero que esto salpique a nadie más”, dijo sin nombrar a su padrino político, el ministro Rodolfo Friedmann, quien está involucrado además en la mafia del Indert.

“Esto es más político que otra cosa”, alegó posteriormente sobre el involucramiento de Friedmann en los negociados. “Somos amigos, yo fui amigo incluso primero de su abuelo y su papá. Él creció prácticamente en mis brazos”, reconoció luego. Aseguró que tampoco el político guaireño le solicitó su renuncia o pidió favores. “Nunca me ordenó nada… si es menor que yo, es un pendejo”, agregó.

Acusó a su exgerente de Créditos, Carlos Soler, por articular todo el caso en su contra, siendo que Soler también está siendo investigado por la Fiscalía. “Era un trabajo que no entendía mucho (el administrar el Indert) y entonces pedí alguien de confianza”, alegó del por qué confió y mantuvo en su cargo a Soler durante mucho tiempo.

Esta mañana, el diputado liberal Celso Kennedy indicó que si renunciaba Torres, no iba a correr más la intención de interpelarlo.

US$ 7 MILLONES PARA FAMILIA ANTEBI

Este martes, salió a luz que la administración del INDERT a cargo de Horacio Torres, ordenó el pago de Gs 44 mil millones en concepto de “intereses” por las tierras de Antebi Cue. El pago por intereses a favor de la familia Antebi mantiene una larga controversia entorno a su legitimidad.

De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi.

El empresario Roberto Antebi y su hijo Alberto Antebi Duarte mantienen conocidos vínculos de amistad con el Ministro Rodolfo Friedmann. Este último acusado de manejar el INDERT a su antojo. Como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.