El Informe recoge cifras y resultados acumulados a lo largo de cinco años luego de que Paraguay y los países miembros de las Naciones Unidas establecieran una agenda común con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se comprometieron en alcanzar para el año 2030. La meta es poner fin a la pobreza, resguardar el planeta y mejorar la vida de las personas en todo el mundo.

El uso equitativo y sostenible de la tierra, la adecuada gestión de residuos urbanos, el transporte sostenible y la infraestructura verde fueron algunas de las prioridades que marcaron el trabajo del PNUD y sus aliados en Paraguay, entre los años 2015 y 2019.

Otra de las principales apuestas fue la lucha por la erradicación de la pobreza. Morimoto destacó algunos logros: 15.327 familias campesinas mejoraron sus condiciones de vida a partir del apoyo a su producción agropecuaria, 70.715 familias recibieron documentación de adjudicación de lotes en que viven, 5.178 familias de pequeños productores rurales fueron beneficiadas con el proceso de regularización jurídica de la tenencia de la tierra y 1.473 familias indígenas cuentan con abastecimiento permanente de agua potable.

El medio ambiente fue un área de trabajo especialmente significativa para el PNUD. Paraguay cuenta hoy con una Política Nacional sobre Cambio Climático, una Estrategia Nacional de Género sobre cambio climático y una Estrategia Nacional sobre los Bosques para el crecimiento sostenible, que ofrece un importante marco referencial de acción y una visión clara para el desarrollo sostenible.

“Otra iniciativa en la que creemos es la de las Plataformas de Commodities sustentables, que a través del diálogo público privado trabajan en la definición de criterios de producción sustentable de carne y soja en el Paraguay”, apuntó la Representante del PNUD.

En prevención y resiliencia, el trabajo se concentró en el desarrollo de políticas y la creación de herramientas de gobernanza para prevenir desastres y generar resiliencia. En esa línea, Paraguay cuenta hoy con una Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres, una Caja de herramientas de gestión y reducción de riesgos para Municipios. Desde el 2019 también funciona un Laboratorio de Aceleración para la búsqueda de soluciones a problemas complejos de desarrollo.

Estas y otras acciones dan cuenta de que “no queremos que los ODS sean letra muerta. Con el Paraguay trabajamos colaborativamente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles sean parte del día a día”, expresó Morimoto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.