El diario El País de España publicó un artículo especial en el que aborda la cuestión de la distribución de vacunas contra el COVID-19 y la inequidad en el reparto de dosis en América Latina.

Para el efecto, consultó con la Fundación Avina, una organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en Latinoamérica, y que ha puesto en marcha un contador que sigue el proceso de inmunización global.

Dicho contador combina los datos que registran diariamente la página Our World in Data, de la Universidad de Oxford, y la Universidad Johns Hopkins.

Los datos recogidos por Avina confirman que, efectivamente, existe una desproporción en lo que respecta a la inmunización de cada país de Latinoamérica, esto considerando el tiempo estimado en el que acabará el proceso de vacunación a la población.

“Nuestra región tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos por covid-19. No puede imperar una lógica de mercado puro, de oferta y demanda, porque hay poblaciones enteras que no van a poder acceder a la vacuna. No entendemos cómo un problema global no tiene una solución global y estemos condenados a depender absolutamente de la decisión de 7 o 10 laboratorios farmacéuticos con un mercado cautivo de 7.000 millones de habitantes”, aseguró Gabriel Baracatt, director ejecutivo de la fundación.

En base al último corte efectuado a mediados de abril, la tabla de tiempo estimado para completar la vacunación en América Latina queda de la siguiente manera:

*Chile: 10 semanas

*Uruguay: 11 semanas

*República Dominicana: 36 semanas

*Brasil: 38 semanas

*Argentina: 50 semanas

*México: 53 semanas

*Costa Rica: 72 semanas

*Surinam: 77 semanas

*Colombia: 85 semanas

*Panamá: 85 semanas

*El Salvador: 124 semanas

*Bolivia: 156 semanas

*Ecuador: 193 semanas

*Honduras: 569 semanas

*Guatemala: 815 semanas

*Paraguay: 869 semanas

*Venezuela: 1.219 semanas.

Al ritmo actual de vacunación y de distribución de vacunas, Paraguay tardaría cerca de 18 años en inmunizar a toda la población, según las estimaciones del contador de la Fundación Avina.

Uno de los principales factores que ralentizan el proceso de inmunización en nuestro país es la falta de vacunas antiCOVID, esto por la demora en la entrega por parte del Mecanismo COVAX, así como por la falta de previsión del gobierno para adelantarse en la compra de dosis de las principales fabricantes, tal y como hicieron otros gobiernos de la región que están más avanzados.

Otro aspecto en el que hace énfasis el artículo de El País es el acaparamiento de vacunas por parte de países con más altos ingresos que han comprado el 53% (4.600 millones) de las dosis, pese a que solo tienen el 15% de la población mundial, de acuerdo a lo expresado por Juan Cristóbal Birbuet, desarrollador de la herramienta.

Tanto para Birbuet como para Baracatt es necesaria una redistribución más equitativa y que esos países cedan una parte de las dosis aseguradas al mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la única iniciativa global que trabaja para garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el mundo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.