Ese gasto social se redujo levemente en el periodo estudiado, ya que en 2013 era del 1,2%, mientras que en el 2016 cayó al 0,9% para financiar las acciones dirigidas a políticas públicas para la población joven, que en Paraguay supera los 1,8 millones de habitantes de entre 15 y 29 años.

El gasto social del país por persona al año es de 422 dólares, por debajo de la media de América Latina, donde los estados destinan un promedio de 728 dólares por persona.

A la hora de repartir las partidas de gasto social joven y adolescente, el Estado paraguayo destinó entre 2013 y 2016 un 83,4 % a Educación, seguido del 7,7% empleado para promoción y acción social y de un 5,6% para salud.

Por grupo de edad, divididos en rangos de 15 a 17 años, de 18 a 24 de años y de 25 a 29 años, el estudio refleja una evolución a lo largo de los años analizados.

En 2013, el 66% del gasto social iba a destinado al grupo de menor edad, mientras que en 2016 a esa franja se les dedicó un 20,2% y a la de 18 a 24 años, un 44,9%.

El estudio de Paraguay se engloba dentro de un documento regional del Unfpa que llevará por título “165 millones de razones”, en alusión a los 165 millones de jóvenes y adolescentes que viven en Latinoamérica y el Caribe.

Paraguay fue el primer país en presentar sus datos nacionales y el resto de países se irán sumando próximamente.

El Unfpa pretende así establecer una metodología para “identificar adecuadamente cuánto está invirtiendo el país en esta población” y servirá para “visibilizar los vacíos que se deben atender”, como señaló la representante auxiliar del Unfpa en Paraguay, Rocío Galeano.

Galeano recordó que Paraguay “se encuentra ante el desafío de aprovechar el bono demográfico” y que “la adolescencia y juventud no puede esperar”.

“Que sea esta la generación de adolescentes y jóvenes que consigan revertir la reproducción de la desigualdad y la pobreza a lo largo de su ciclo de vida”, manifestó la representante auxiliar en el país.

En Paraguay, el 27,8% de la población tiene entre 15 y 29 años, lo que representa 1.880.891 jóvenes y adolescentes, de los que el 64,4% residen en zonas urbanas, según los datos del estudio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.