Actualmente, la cobertura en el suministro de agua potable alcanza al 64 % de la población, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lo que lo convierte en el país de América Latina con menor cobertura en ese servicio, con casi un 40 % de la población sin acceso a este recurso.

La cifra se mantiene en términos similares desde 2005, cuando el informe “Usos del agua en Paraguay” del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) cifraba en un 63,2 % la cobertura, lo que implicaba que cerca de medio millón de hogares no contaban con agua potable.

El porcentaje de cobertura no alcanzó tampoco los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados hasta 2015, que establecían la cifra en un 65 % de cobertura, aunque el Gobierno paraguayo se había comprometido a llegar al 70,5 % en 2008, y al 80,5 % para 2015.

Además de ampliar el número de hogares que contarán con agua potable en el país, el Gobierno paraguayo se comprometió a efectuar trabajos de saneamiento que sirvan para evitar los efectos de la contaminación sobre las aguas.

En esta área, el MOPC tiene proyectadas obras por valor de 425 millones de dólares, que servirán para instalar sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales que beneficiarán a Asunción y a ciudades de su área metropolitana como Luque, Mariano Roque Alonso y Lambaré.

Estos sistemas prevén tratar las aguas para reducir la contaminación de los cursos fluviales próximos a la capital, como la bahía que forma el río Paraguay a su paso por Asunción, donde el baño está prohibido debido a los desperdicios cloacales y al alto nivel de bacterias fecales que van directamente a sus aguas.

El Ministerio también proyecta construir un sistema de alcantarillado sanitario de las subcuencas del lago Ypacaraí, próximo a la capital y uno de los principales atractivos turísticos del país.

El lago, que está rodeado por 19 localidades, sufre desde 2012 una importante contaminación a causa de los vertidos industriales y domiciliarios, lo que ha provocado la prohibición de las actividades recreativas.

Además de la contaminación de los cursos de agua superficiales, organizaciones ambientalistas alertan del riesgo de que las actividades agrícolas contaminen cursos de agua subterráneos y acuíferos.

La directora de WWF Paraguay, Lucy Aquino, explicó a Efe de que la fertilización de los suelos y la fumigación de cultivos con productos químicos tóxicos está contaminando las aguas subterráneas y pone en peligro la calidad del Acuífero Guaraní, considerado el tercer reservorio de agua dulce más grande del mundo.

“El uso de químicos en los cultivos de soja puede llegar a contaminar el Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua más grandes del mundo. El cultivo de soja está avanzando sin que haya un equilibrio entre la producción y los sistemas de control de las leyes ambientales”, dijo Aquino.

Solo un 11 % de la población paraguaya tiene acceso al servicio de alcantarillado por la red colectora, mientras que el resto de la población elimina sus afluentes mediante pozo ciego o directamente lanzan los desechos a cursos de ríos y arroyos, según las autoridades. Paraguay, con casi siete millones de habitantes, es el país de mayor potencial hídrico en la región, ya que cuenta con una disponibilidad de agua de 67 millones de litros por habitante por año, según WWF.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.