El viernes último, el United States Trade Representative (USTR) emitió su informe anual sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y revisión de mercados notorios de piratería y falsificación.

El referido documento -conocido como “Informe 301”- identifica a “países que son socios comerciales y que no protegen ni hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual (IP) adecuadamente, o que niegan el acceso al mercado a los innovadores y creadores de los Estados Unidos que dependen de la protección de sus derechos de propiedad intelectual”.

Dentro de lo que corresponde a la “Lista de Vigilancia Secundaria” -integrada por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Pakistán, Tailandia, Vietnam, entre otros- también se encuentra incluido Paraguay.

De acuerdo al informe, prácticamente todos los países identificados poseen deficiencias en lo que hace al respeto a la propiedad intelectual y “no proporcionan una aplicación de la frontera adecuada o efectiva contra productos falsificados y pirateados”. Así también, señala que “muchos funcionarios de aduanas carecen de autoridad para tomar medidas de oficio para incautar y destruir tales mercancías en la frontera o tomar medidas para las mercancías en tránsito”.

Joel Talavera, titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), se refirió sobre este tema y sostuvo que el informe es resultado de una evaluación anual realizada por la USTR, equivalente al “Ministerio de Comercio” en Estados Unidos.

Según reveló, ya desde el año pasado habían tenido conocimiento de que Paraguay estaría siendo incluido en el listado, aunque dentro de la sección que incluye a países que no son “prioridad” pero de igual forma se encuentran en observación.

“Recibimos el resultado de esta evaluación con mucha responsabilidad, esto es un legado y lo vamos a trabajar en consecuencia. Hoy tenemos puntualizado y bien definido lo que ellos nos están objetando”, afirmó.

Los tres puntos que están siendo objetados a Paraguay son: que las personas que reinciden en la comisión de hechos punibles contra la propiedad intelectual no vayan a prisión, que no se hagan evaluaciones a entidades públicas en lo que hace al uso de software sin licencia, y la falta de creación de un centro de coordinación por parte de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la lucha contra la piratería y la falsificación.

Talavera recordó que en junio de 2015 el gobierno norteamericano había decidido excluir a nuestro país de la “lista negra”, por lo que después de casi 4 años volvió a ser incluido a raíz de la falta de cumplimiento de los mencionados puntos.

El director de DINAPI adelantó que seguirán trabajando para mejorar todo lo que hace a la protección de propiedad intelectual y la erradicación de la falsificación y la piratería.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.