En charla con Universo 970 – Nación Media, el senador Martín Arévalo expuso que actualmente está esperando un dictamen jurídico sobre el alcance de la ley de compra de vacunas y cómo procedió el Gobierno paraguayo en los acuerdos con las farmacéuticas internacionales para la provisión de las dosis anticovid.

Esta postura surge sobre la supuesta entrega de las reservas internacionales y los bienes del Estado paraguayo que se sospecha que se habría realizado en las negociaciones. Vale recordar que la Ley vigente aplica confidencialidad para la adquisición de vacunas, por lo que Salud Pública guarda bajo siete llaves todos los acuerdos con las farmacéuticas.

Arévalo sostuvo que pidió el dictamen jurídico para corroborar si se metieron artículos externos a la ley para enajenar los bienes del estado para la compra de las vacunas. Y además adelantó que pedirá la cláusula de confidencialidad.

Sostuvo que cuando tenga los informes analizará si corresponde plantear la derogación de la ley de vacunas, argumentando que actualmente ya no hay una puja por las dosis anticovid. “En el mundo sobran vacunas y que se quiera hacer en secreto y sea un gran negociado, no voy a acompañar eso. La pandemia está en su etapa en su culminación, y no podemos tener una ley así”, refirió. “En estos momentos se tienen todos los antecedentes para proponer la derogación de la Ley”, agregó.

Por otro lado fue consultado sobre si corresponde que Salud no revele cuál fue el acuerdo con la empresa La Policlínica para la provisión del equipamiento de cadena de frío para albergar y transportar las dosis contra el Covid-19, alegando que se encuentra bajo confidencialidad por la Ley de vacunas. “Al señor Norman Harrison (presidente de La Policlínica) le escuché decir varias veces que lo que hacían era una especie de aporte para ayudar al pueblo del paraguayo. Que hacía un renunciamiento, que no ganaban con estos productos, era un aporte de la empresa porque eran buenos paraguayos. Pero a estas alturas, se debe transparentar todo. No se puede continuar con esta situación”, respondió sobre el punto.

LAS EXIGENCIAS DE PFIZER EN SUS NEGOCIACIONES EN LATINOAMÉRICA

Una investigación a nivel regional, liderado por el Bureau of Investigative Journalism y la colaboración de OjoPúblico, expuso el año pasado cuáles fueron las exigencias de la farmacéutica Pfizer a los países latinoamericanos (Argentina, Perú, Brasil, etc.).

Un funcionario del Gobierno argentino reveló que Pfizer solicitó poner como garantía las reservas internacionales, bienes activos soberanos, embajadas, bases militares, entre otros. Esto para cubrir posibles costos legales futuros.

Pfizer también solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si la firma envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.

En Brasil pidió que le otorguen indemnidad y solicitó al ministerio que pusiera activos soberanos como garantía, además de crear un fondo de garantía con dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero.

Es probable que se haya exigido lo mismo en Paraguay y que las autoridades hayan aceptado las exigencias de la farmacéutica que proveyó las vacunas anticovid.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.