De acuerdo con el informe de Situación Financiera (Situfin), elaborado por la Dirección de Política Macro-Fiscal de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda, a noviembre de 2017, el déficit acumulado de la Administración Central asciende a G. 1.153,2 mil millones (USD 204 millones) y como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representa el 0,7% y el anualizado 1,4% dentro los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El resultado operativo es superavitario y muy por encima comparado con años anteriores. Esto permite destinar más recursos para la inversión, la cual registra al mes de noviembre un incremento del 17,4% y totaliza USD 800 millones.

De acuerdo con el informe, la evolución de los ingresos tributarios muestra una importante recuperación explicada por el desempeño positivo del comercio exterior que permite mejorar los niveles de ingresos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). El país mantiene una sólida política fiscal que contribuye al crecimiento, aunque aún existe un importante espacio para una mayor eficiencia en materia de ingresos-gastos.

El informe señala que los gastos de la Administración Central crecen a tasas moderadas y son menores los recursos tributarios destinados al gasto salarial, lo cual permite generar espacio fiscal para impulsar la inversión social y en infraestructura.

En cuanto a los recursos del Crédito Público se observa en el informe que los mismos se orientan a obras de infraestructura, donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el principal ejecutor de obras. Al mes de noviembre invirtió, aproximadamente, G. 2.906 mil millones, de los cuales el 26% corresponden al préstamo programático del BID y el 18% a Bonos Soberanos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.