Desde el inicio de la cuarentena en el marzo fueron registrados dos casos de feminicidios y luego de 36 días no hubo muerte de mujeres en esas circunstancias siendo el país el único en la región sin nuevos casos, según el Ministerio de la Mujer.

El último feminicidio ocurrió el 28 de marzo en Limpio, Departamento Central.

En cuanto a llamadas al 137 durante la cuarentena, no se registró aumento significativo dado que a raíz de esta pandemia, las atenciones se hicieron exclusivamente por esta vía. Llamadas en el 911 aumentó en un 14%, y las denuncias en las Comisarías bajó en un 12%.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Dirección General del Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer, se sigue con menor número de víctimas de violencia extrema o feminicidios en el Paraguay, en este primer trimestre y hasta la fecha, en comparación al año 2019, y resaltando que estas cifras son a pesar del confinamiento obligatorio a causa de la pandemia.

Raquel Iglesias, directora General del Observatorio afirmó que se debe considerar que los hechos de violencia llevan un tiempo para ser denunciados, pero que las violencias extremas como tentativas de feminicidios, violencia física grave, no pueden ser contenidas aunque no se denuncien.

“Es un fenómeno social que muchas veces se hacen públicas por otros medios que no son esencialmente las denuncias formales. Este tipo de denuncias no formales tampoco se escuchan, o se reciben, por lo general, desde los medios masivos de comunicación”, señaló.

Destacó que en base a estas evidencias, se puede afirmar que no hay aumento de la violencia extrema, por el contrario, hay disminución tanto en cantidad de víctimas como en el periodo de ocurrencia en promedio de días.

Tampoco la Fiscalía encontró aumento en las denuncias y la disminución se puede entender como resultado del confinamiento. Sin embargo, no se minimiza el fenómeno de la violencia como una espiral que va en aumento y que llegado un momento según diversos factores explota y no se puede evitar, y aunque no se formalicen las denuncias por ninguna vía, generalmente se hacen públicas por los medios masivos, lo que tampoco se observa.

Considerando la posibilidad de que estas llamadas y denuncias no se realicen por temor al agresor, que estaría en la misma casa que la víctima, el Ministerio de la Mujer presentó dos números de líneas de WhatsApps , el 0981 112 127 y el 0981 110 104 , las que pueden ser anotadas en contactos como una tienda o delivery de comidas, para evitar que el agresor sepa que fue reportada una denuncia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.