Sin embargo, con la llegada del equipo del expresidente Mario Abdo Benítez la his­toria cambió radicalmente y casi toda la plata se esfumó de la cuenta bancaria de Petro­par. Así lo confirmó el nuevo titular Eddie Jara, quien estuvo en la misma institu­ción durante la gestión de Cartes y dejó la empresa esta­tal en el 2018 con una buena salud financiera, con presen­cia en el mercado de combus­tibles y un balance positivo en general, pero lo más impor­tante, en las cuentas ban­carias estaban depositados los USD 200 millones que se debían usar para el pago de la deuda con PDVSA.

Grande fue la sorpresa al volver a la entidad estatal y no encontrar más el dinero generado por los negocios de Petropar, que se iba acumu­lando año tras año para hon­rar la deuda que, según reconoce Paraguay, ronda los 300 millones de dólares.

Venezuela reclama a nuestro país que la deuda ya venció por lo que desea aplicar los intere­ses moratorios, sin embargo, para el Paraguay recién ven­cerá en el 2025, por lo que el caso se encuentra en discu­sión en el Tribunal Arbitral de París.

Si el gobierno de Mario Abdo Benítez seguía en la misma línea que la administración anterior, ya se iba a lograr reunir el monto para saldar el compromiso cuando lle­gue la fecha reconocida por Paraguay. Sin embargo, hoy los niveles de saldos banca­rios están en 40 a 50 millones de dólares como máximo, de acuerdo con Eddie Jara.

Para las nuevas autoridades es un completo desconoci­miento a dónde fue a parar el 75 % del dinero en los últimos cinco años, por lo que comen­zarán a indagar de manera urgente al respecto.

Para el senador oficialista Gustavo Leite, la administra­ción de Abdo se caracterizó por ser una gavilla que nor­malizó la corrupción durante su paso por la función pública y consideró que con esta actuación se puede hablar de una traición a la patria.

Por si lo anterior no fuera poco, el gobierno de Mario Abdo dejó otras perlitas, como el aumento del nivel de los gastos operativos de la petro­lera estatal (pago de salarios, mantenimientos, gastos de oficina, gastos comerciales, y gastos administrativos en general), y registra una deuda del Estado paraguayo con Petropar de más de USD 50 millones por el combustible proveído a distintos entes, entre los cuales se encuen­tra liderando el Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC), con una deuda de USD 20,8 millones.

La situación encontrada por las nuevas autoridades, con las arcas prácticamente vacías y con muchas deudas, expone el terrible manejo del Estado durante la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.