El comercio de esclavos en el país fue legal hasta 1870, cuando la Constitución Nacional, en su artículo 25, prohibió la venta de personas en línea con el decreto al respecto promulgado el año anterior.

No obstante, la concesión de la libertad a los esclavos fue un proceso gradual que se inició en 1842 cuando el entonces cónsul Carlos Antonio López sancionó el decreto de libertad de vientres, que otorgaba el título de libertos a todos los hijos de los esclavos nacidos a partir del 1 de enero de 1843.

Algunos de estos documentos, como la Constitución de 1870, se pueden ver en la exposición “Los invisibles. La esclavitud en el Paraguay”, en el Archivo Nacional.

Ese documento es el final de una historia que comienza con el inventario del conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, apresado en Asunción en 1544, entre cuyas posesiones consta un esclavo.

“Una de la documentación más antigua que encontramos fue el inventario de bienes Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y entre esos bienes se encuentra un esclavo del nombre de Juan Blanco”, comentó hoy a Efe el director del Archivo Nacional, Vicente Arrúa.

Junto a ese documento, ajado por el tiempo, descansan otros con la misma pátina, como un Bando de Buen Gobierno de 1796 en el que se establece cómo debían ser las relaciones con los esclavos fugados.

“No se tenían que juntar ni darle abrigo, ni asilo ni nada a un indio o a un esclavo fugado. Si se le daba un obsequio, se tenía que pagar una multa por valor del coste del regalo”, relató Arrúa.

El director del Archivo Nacional señaló que también existían distintos castigos para nobles y plebeyos, con multas o expulsiones para los primeros y grilletes o trabajos públicos para los segundos.

En esos papeles antiguos también se puede observar que buena parte de esos esclavos negros procedían de Angola, y llegaban a la región suramericana a través de Montevideo o Buenos Aires, donde se llevaba a cabo la venta.

Arrúa, en este recorrido por la sala del Archivo Nacional que alberga la exposición, explicó que los esclavos también podían denunciar a sus amos por malos tratos o por prohibición a la hora de ejecutar sus trabajos.

“Era muy común aquí en Paraguay que los esclavos desarrollaran ciertos oficios fuera del trabajo que realizaban con el amo, y así juntaban dinero y compraban su libertad”, precisó.

Otra forma de abandonar la esclavitud era a través del testamento del amo, una fórmula no exenta de problemas ya que la familia del difunto no siempre reconocía su voluntad.

Asimismo, también era común “fundar pueblos en zonas fronterizas con indios no sometidos, hacia el norte”, en las que la administración concedía tierras a cambio de que los libertos se enfrentaran a otras comunidades, como ocurrió en Emboscada, a unos 40 kilómetros de Asunción, según contó Arrúa.

Tras conseguir la libertad, los antiguos esclavos se ganaban la vida a través de la carpintería, la herrería, la zapatería o la venta de pulpos, oficios que, a veces, les fueron enseñados por sus amos.

Arrúa destacó el caso del esclavo Pedro Pablo Escato, que intentó envenenar a su amo después de que este le prohibiera abrir una pulpería.

El hecho de que se quisiera dedicar a este negocio no era casual, ya que era el mismo oficio que desempeñaba la española con la que mantenía una relación y que, al contrario que él, no firmaba los documentos, de lo que se deduce que Escato sabía leer y escribir.

En la muestra también se exponen libros y grabados de viajeros europeos que visitaron Paraguay a finales del siglo XVIII y principios del XIX y que dejaron por escrito sus impresiones del país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.