POR RICHARD MOREIRA

Sin embargo, ante el pano­rama bastante pesimista que sobrevolaba la sala de audiencias antes de la sesión de la Corte Inte­ramericana, ubicada en el acomodado barrio Los Yoses, de la capital de Costa Rica, la comparecencia de Óscar Germán Latorre trajo cierta tranquilidad y espe­ranza a la defensa a raíz del testimonio sereno, preciso y en detalles que ofreció a los jueces de la Corte.

Desde San José, Latorre accedió a una entrevista para La Nación, luego de la audiencia, en la que explicó algunos aspectos que ates­tiguó en la sesión del jue­ves pasado y que tiene refe­rencia con Arrom, Martí, la industria del secuestro y las chances del Paraguay en esta demanda.

–Luego de la presentación de los testigos por parte del Estado paraguayo, ¿cuál es su expectativa respecto al caso?

–Creo que los testimonios ofrecidos por el Estado son bien contundentes. Lamen­tablemente parece que se perdió de vista lo que era principal. Se habló mucho de las coartadas, de los tres imputados (Casal, Gama­rra, Schembori), pero no se puso énfasis en unos aspec­tos que son incuestionables. La primera es que Juan Arrom hizo la denuncia alegando que el 19 de enero del 2002 había extraviado su cédula.

Supuestamente, el 19 de enero ya estaba desaparecido y bajo tor­tura. De la misma manera, la señora María Edith Bor­dón de Debernardi dijo que ella vio a Martí ese 19 de enero, lo cual si estuviese privado de libertad sería imposible. Otro detalle en que no se puso énfasis, pero supongo que lo harán en los alegatos por escrito, es que desde el celular de Juan Arrom se hicieron cuatro llamadas al profesor Luis Alfonso Resck, durante el tiempo que duró el cautive­rio, el supuesto cautiverio.

En tercer lugar, pusieron énfasis en tratar de justi­ficar esa desaparición for­zosa a partir de cuestiones políticas, que honestamente hablando son muy difíciles de concebir. Antes del caso Debernardi, personal­mente no sabía que exis­tía un movimiento Patria Libre. La verdad era difícil también creer, aun cuando comenzaron a surgir esos datos, que un movimiento esté involucrado en secues­tro. Pero el tiempo nos con­firmó que el comité político de Patria Libre sí estaba pla­nificando otros secuestros, fue así como secuestraron a Debernardi, así planifi­caron el secuestro de Ceci­lia Cubas, que tenía que haberse realizado inme­diatamente después del de María Edith.

–Esta falta de énfasis, ¿a qué o a quién se puede atribuir?

–Creo que la discusión que planteó la Corte Interame­ricana no permitió poner énfasis en esos temas, pero estoy muy confiado en que la sentencia que se pueda llegar a dictar, aun cuando pudiese ser condenatoria, no va ser por tortura, sino por cuestiones relativas a la legislación penal y tal vez por el tema de la violación del principio de presunción de inocencia, que alegan a partir de unos panfletos y carteles que aparecie­ron allá por el 2009 y 2010, cuando yo no cumplía fun­ciones en la Fiscalía General. No sé de dónde surgió. Obviamente, si eso pro­vino del Estado, es un error. Pero resulta que el Ministe­rio del Interior lo niega, el Ministerio Público lo niega, la Policía lo niega, enton­ces queda ahí en un compás de espera. Yo podría pen­sar que fue el Ing. Antonio Debernardi el que sacó el aviso, pero no tengo prue­bas tampoco.

–Cuando compareció, en su relato Ud. logró hábilmente introducir el secuestro de María Edith como un hecho aso­ciado a Arrom y Martí. ¿Cree que esta vincula­ción pueda ser favora­ble para las chances del Estado paraguayo?

–Creo que la Corte actuó lógicamente porque era imposible hacer estimacio­nes con relación a la denun­cia de Arrom y Martí sin referirse al caso de María Edith. ¿Y lo digo por qué? Porque nosotros sabíamos que Arrom fue el que depo­sitó el mensaje que se aban­donó en la casa de su madre. Tenemos funcionarios que estaban haciendo la vigi­lancia y que lo vieron, entró, salió y el mensaje llegó. En segundo lugar, teníamos el dinero que entregaron a Marcos Álvarez, que cree­mos fue un exceso de con­fianza, una confianza que podría decirse defrau­dada. La verdad es que ese dinero fue parte del dinero que pagó Debernardi por el rescate de su esposa. Para ese entonces ya teníamos plena seguridad, muy fun­dada sospecha, de que Juan Arrom, Martí y Víctor Col­mán ya estaban involucra­dos. El resto de los que fue­ron imputados y que luego fueron condenados apare­cieron después de la libera­ción de María Edith, quien comenzó paulatinamente a identificar a las personas. Así, identificó a Martí, a Carmen Villalba a Oviedo Brítez y otros.

–Pero, entonces, hay cierta esperanza…

–Noto, digamos, algo de esperanza, de expectativa positiva, cuando los jueces permitieron que yo desa­rrollara también el tema Debernardi porque eso era fundamental, que pudie­sen comprender ellos que lo que se estaba debatiendo era simplemente la versión men­tirosa de dos personas que secuestraron a la concuñada de uno de ellos.

–Tanto en Paraguay y, sobre todo, ante la Corte, habló acerca de una “industria del secuestro”. Cree que la instalación de esta industria comenzó con Arrom y Martí.

–Definitivamente que sí. Invito a indagar en los archi­vos de la Fiscalía porque allí consta cuándo comenzó y cómo comenzó esto. Fue en 1999 cuando Arrom contacta con Ricardo Granda, que está refugiado en Venezuela, en Caracas específicamente, y allí le propone iniciar “la empresa” como le llaman ellos. A partir de ahí, los intercambios y evaluaciones entre Granda y Raúl Reyes, deciden comprometerse en “la empresa” y comienzan a financiar a Arrom y a su grupo, permitiéndole dinero para financiar el operativo, que tardó meses en ser eje­cutado, pero lo ejecutaron. Tenemos también eviden­cias de que las FARC reci­bieron de Patria Libre unos 300 mil dólares, por el ase­soramiento. Eso está docu­mentado por la Fiscalía. Ahora hay una nueva línea de investigación que tiende a determinar adónde fue a parar el resto de la plata (250 mil o 280 mil dólares). Me reservo el dato, eso tendrán que investigar los fiscales, ya no me corresponde a mí. Es un dato confiable y depen­derá de la mayor o menor diligencia para encontrar la punta del ovillo.

–Tras los testimonios y los alegatos presentados en San José, ¿cree que el Estado tiene chances de no recibir condena?

–Desde mi punto de vista como abogado, desde el punto de vista jurídico, creo que el Estado paraguayo tiene que salir airoso. Sen­cillamente porque las evi­dencias que existen nos con­ducen a sostener que sí. Lo puedo decir yo que soy abo­gado y que no represento al Estado, para mí la apa­rición del 30 de enero (día de la supuesta liberación de Arrom y Martí) fue una farsa montada.

Puedo revelar algo que me parece elocuente. Ya varios meses después de que aparecieran ellos, uno de los fiscales va a mi despacho y me cuenta que estuvo ese día en Marquetalia, y que habló con el “comandante Choco­late”, que era un dirigente social del lugar. Este le dice que tengan cuidado porque esto de las torturas y demás responde a un protocolo que tienen para casos de crisis y amenazas, de órdenes de detención e inmediatamente se hace una denuncia contra la Policía u otros estamentos del Estado.

“Chocolate” le propone a este fiscal, lo que terminó convenciendo al mismo, que con una cuchara se golpease suavemente 100 veces en el brazo, y que va a comprobar que lo que decía era verdad. Este fiscal hizo la prueba durante una trans­misión de fútbol, se golpeó suavemente y al termi­nar el juego tenía el brazo rojo, aunque no le dolía nada. Pero al día siguiente, cuando fue a mi despacho, ese brazo de la muñeca hasta el hombro, estaba totalmente negro. Yo le dije que estaba loco, pero cual­quier duda que pudo haber tenido se disipó.

–¿Qué otras cuestiones le hacen sospechar que fue un montaje?

–Las circunstancias en que aparecieron Arrom y Martí, previa convocatoria de la prensa, pareciera que fue todo armado para permi­tir la reaparición triunfal de ellos, con todos los car­gos que tenían encima, no se les dio tratamiento debido, que se violaron sus derechos, estamos hablando de secues­tro, de un crimen y la Corte ordenó la libertad ambula­toria, que luego les permitió huir a ellos cuando la Fisca­lía presentó acusación, y la misma fue admitida por un juez penal de Garantías y se llevó a juicio oral.

–¿Esta industria del secuestro fue reducida a partir de las actuaciones realizadas desde la Fisca­lía aquel 2002?

–No. Conseguimos 13 con­denados en el caso Deber­nardi, gente importante dentro de la estructura de Patria Libre, que cambió la Secretaría General, pasó a manos de Omar Martínez, volvieron a practicar el secuestro, en este caso de Cecilia Cubas. La mayoría de los responsables del pri­mer estamento del comité político de Patria Libre fue condenada. En total suman más de 30 condenados y a partir de ahí Patria Libre comienza a desaparecer. A nivel político pasan a ser el P-MAS y la parte operativa se denomina EPP. El Estado no reaccionó; por lo menos, no nos tomaron en serio cuando anunciamos lo que iba a ocurrir y ocurrió.

–El secuestro como ele­mento político de finan­ciamiento, para sus obje­tivos, ¿se desmanteló?

–No, no se desmanteló. Y la prueba es que estamos per­diendo la guerra. No es una guerra fácil, la infiltración existe en todas partes, inclu­yendo en esta misma defensa (del Estado paraguayo) hay infiltración. Vamos a ver lo que ocurre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.