El comunicado de la Cancillería paraguaya es una respuesta al de la Acnudh, en torno a esos dos fallecimientos, el pasado mes de septiembre, y sobre la desaparición de una tercera adolescente, que también sería hija de miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En su texto, la Cancillería señala que recibe ese comunicado “con suma preocupación considerando que la manera en que los hechos son presentados en el mismo”.

Añade que ese comunicado “no ha tomado en cuenta la información sustantiva proveída oportunamente por el Estado a solicitud de diversos mecanismos de protección de los derechos humanos del ámbito de las Naciones Unidas, comprometiendo seriamente la objetividad y el equilibrio en los términos del pronunciamiento publicado”.

Y señala que Paraguay ha remitido informes sobre la muerte de las dos menores a varios titulares de mandato de procedimientos especiales, como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias o la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, entre otros.

A su vez, la Cancillería afirma que se ha suministrado información sobre los esfuerzos en la búsqueda de la menor desaparecida, ello en respuesta a una petición de acción urgente transmitida por el Comité contra la Desaparición Forzada.

En ese sentido, y dado que la publicación de la Acnudh “alude a nuevas evidencias que entendemos obrarían en su poder”, la Cancillería significa que “agradecería poder acceder a las mismas, a fin de enriquecer el caudal probatorio recolectado hasta el momento por las instancias de investigación competentes”.

El comunicado de la Cancillería concluye con un repudio “a la práctica deleznable del grupo criminal EPP, que consiste en utilizar y explotar a niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos, propiciando graves vulneraciones a sus derechos, en razón de su exposición a situaciones de peligro y violencia, en los campamentos”.

Las dos menores murieron en un enfrentamiento entre el EPP y la FTC, en los alrededores de un campamento del grupo, en el norte del país.

La versión del Gobierno es que las menores estaban integradas en la facción criminal y que una de ellas llegó a abrir fuego durante ese choque.

El Gobierno de Argentina comunicó entonces al de Paraguay que las menores contaban con nacionalidad argentina.

Según el Gobierno paraguayo las menores eran hijas de líderes guerrilleros, nacidas en Paraguay y posiblemente crecidas en Argentina con familiares de miembros del grupo.

La menor desaparecida es también identificada como pariente de alguno de esos líderes, y su desaparición fue denunciada por Laura Villalba, presunta miembro del EPP detenida a finales de diciembre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.