Las noticias sobre casos de abusos sexuales en niños se publican en los medios de prensa a diario. Los casos pasan como “uno más” dentro de la agenda los temas diarios. A esta situación se suma el calvario que deben sufrir las víctimas y sus familiares que acuden a los tribunales pidiendo justicia. La morosidad judicial y la baja expectativa de pena son factores que contribuyen para que la mayoría de estos casos terminen en el ‘oparei’.

“Esta es una causa vieja que no está avanzando porque cada vez que se hará la audiencia se plantea un incidente“, explicó la fiscal de la causa, Sonia Mora, en comunicación con nuestro diario.

Pese a que hace 4 años que el caso sigue en tribunales, la pena por abuso sexual es de tan solo 3 años aunque podría ampliarse en caso de que se presenten agravantes.

“No tiene mucha expectativa de pena porque es un abuso sexual, pero tiene un agravante porque el denunciado es el papá; la expectativa es de 3 años, pero si es agravado puede ir hasta los 10 años“, precisó.

Alegando que la médica forense miente; que se debía tomar una nueva declaración a la menor en Cámara Gessel, pese a que la sicóloga recomendó que la menor de 4 años no narre nuevamente lo acontecido, y presentando recusaciones y apelaciones sucesivas, el proceso penal ya se dilató por 4 años.

La agente del Ministerio Público reconoció que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que se suspendió la audiencia preliminar, pero estima que esta seria la sexta vez que se pospone.

IMPUNIDAD Y BAJAS CONDENAS

La activista por los derechos de la mujer, Mirtha Moragas, informó que ya se presentaron varias propuestas ante el Congreso para extender la pena en el caso de abuso sexual en menores, pero hasta ahora no se modificó el marco penal.

“La pena es muy baja especialmente en los casos que no hubo coito, generalmente se les resta importancia“, lamentó.

“Hace tiempo se viene debatiendo la necesidad de adecuar los marcos penales porque se supone que los años de pena se deben adecuar a la gravedad de los hechos (…) La mayoría de las víctimas no tiene recursos económicos para sostener y estar todo el tiempo en un proceso penal, la justicia pronta y barata no existe y eso facilita la impunidad en alguna manera“, sostuvo.

La activista sostiene que la deficiente aplicación de la ley, la negligencia de la Fiscalía y la morosidad judicial hace que muchos violadores sigan gozando de libertad e impunidad.

En los primeros 5 meses del año 2015 se recibieron 400 denuncias por casos de abuso sexual en niños, lo cual representan cerca de 3 casos por día. En vista de que la cifra solo hace referencia a los hechos que fueron denunciados ante el Ministerio Público, se estima que el número real de delitos sexuales contra niños es superior.

El Código Penal Paraguayo en su artículo 135, sobre abuso sexual en niños, expresa: “El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros”, pena que puede incrementarse hasta 10 años de que lleguen al coito.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.