La ceremonia tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en la sede de la 28.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28). Los firmantes fueron el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, Rolando de Barros Barreto, y la ministra de Cambio Climático y Ambiente emiratí, Mariam bint Mohammed Almheiri.

Cabe destacar que este instrumento es el primero firmado tanto por Paraguay como por Emiratos Árabes Unidos en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París y, en particular, para cooperar en materia de créditos de carbono.

Ambas partes manifestaron su interés en trabajar para establecer un marco bilateral para la autorización de transferencia internacional de resultados de mitigación (ITMOs, por sus siglas en inglés), entre otros temas. Esto permitirá a futuro avanzar en el mercado de carbono, mediante la aplicación de las disposiciones de la nueva legislación nacional vigente.

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Las intervenciones fueron realizadas en la ruta PY 18, camino entre Villeta y Nueva Italia, donde se encontraba apostado personal de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Una de las intervenciones consistió en la incautación de un camión tipo tumba con productos frutihortícolas ingresados al país presumiblemente de contrabando. Del vehículo se decomisaron 387 bolsas de papas de origen argentino de 20 kilogramos cada una, totalizando 7.740 kilogramos.

De otro camión se incautaron 146 bolsas de cebollas, también de origen argentino, de 20 kilogramos cada uno, totalizando 2.920 kilogramos. También se encontraron 15 bolsas de papas de 20 kilogramos cada uno, siendo un total de 300 kilogramos.

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Ambos vehículos se desplazaban desde la ciudad de Alberdi con dirección a Itá, sin las documentaciones legales respaldatorias.

Alcides Mendoza, Norma Almada, Nancy Villagra, Myriam Barresi y Yenny Colmán, denunciaron haber sido perjudicados por el grupo delincuencial.

Los denunciantes acusan que el propietario de”Mathías Automotores”, Porfirio Gimenez, mediante acciones llevabas a cabo con aval del juzgado de Benjamín Aceval, a cargo del juez de Paz Roberto Ferreira, secuestró sus vehículos, aún cuando ya llevaban pagado entre el 60 a 85 % de las cuotas abonadas.

La mafia de los pagarés va desvelando nuevos episodios y víctimas del esquema montado para utilizar resortes, para blindar estafas masivas, muchas de las cuales cometidas en compras de vehículos, electrodomésticos, muebles, entre otros.

Los casos que implica a la mencionada playa, sumado a los de Steven Automotores, son emblemáticos, en el sentido del modo como opera el grupo que utilizando esquemas fraudulentos, determina embargo de bienes. Se estima en alrededor de 500 perjudicados por la agrupación delincuencial.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación de 9 jueces (además de ujieres y otros funcionarios), tras ventilarse el esquema operativo utilizado por la conocida como la mafia de los pagarés.

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Por resolución Nº 1739, el Consejo de Superintendencia, decidió la ejecución de la auditoría, “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”, subraya una parte del documento.

La auditoría se hará extensiva a los juzgados de paz de la Catedral 1º y 2º turno; San Roque y La Encarnación. Asimismo, la máxima instancia judicial pidió a la Contraloría el estudio de correspondencia de bienes de los jueces de paz de Capital: Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. La pesquisa incluye a los ujieres y demás funcionarios.

En reporte brindado tras la misa central de Caacupé, el comandante de la Policía, indicó que no se registraron denuncias de hechos punibles en el marco de la festividad mariana.

Indicó que el éxito fue en la parte estratégica, táctica y operacional. “Lo esencial en este tema es la planificación. Hemos empezado unos meses antes, haciendo un relevamiento total para el servicio. Lo segundo es traer a la cantidad necesaria de efectivos”, expresó.

Manifestó que unos 8.000 uniformados fueron desplegados para el operativo, que no solo se limitó en la zona de Caacupé, sino también en varios puntos del país.

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Por otro lado, sostuvo que el pedido puntual que se realiza es el de mayor cantidad de patrulleras y equipos de comunicación, destacando la última entrega por parte de Itaipú hacia las fuerzas policiales.