Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de mayo de 2019, cuando un sexagenario a cargo de una finca en Murcia pasó a buscar en un automóvil a la temporera paraguaya, identificada solo como Covadonga, que trabajaba recolectando duraznos en esa finca, de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, fechado el 3 de mayo pasado.

Cuando llegaron a otra finca, la mujer dijo que quería irse, pero el hombre – identificado como Celso –  se puso agresivo, la golpeó, le dijo que era “una puta” y “la introdujo en la parte trasera de la furgoneta”, señaló la sentencia, que fue hecha pública por el diario El País.

Allí, primero la violó “vaginalmente” y luego la obligó a practicarle una felación. Al terminar, el agresor la amenazó, afirmando que si contaba lo sucedido tanto ella como sus “paisanos” perderían el trabajo, narró el escrito.

La mujer, que sufrió diversas lesiones, no se amedrentó y denunció al agresor que estuvo preso preventivamente durante seis meses.

Según el Código Penal español, una violación con agravante de violencia “particularmente degradante” o si existe “una relación de superioridad” con la víctima acarrea una pena de doce a quince años de prisión.

Pero según el fallo, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo mediante el cual el hombre reconoció los hechos y recibió una sentencia reducida por las atenuantes de confesión y de “reparación del daño”, ya que había indemnizado anteriormente a la mujer con 6.000 euros (6.110 dólares o 42.006.004 guaraníes, al cambio actual).

El hombre fue condenado a dos años de prisión, pero como suele ocurrir en España con penas de dos años o menos, al no tener antecedentes penales, quedó suspendida y no irá a la cárcel. Tendrá, no obstante, que participar en un “programa formativo de educación sexual”.

Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por siete años.

Un acuerdo similar se alcanzó en el caso de dos policías que violaron a una joven en 2018 en Estepona (Andalucía, sur), que evitaron la cárcel a cambio de una indemnización de 80.000 euros a la víctima y un curso de educación sexual, aparte de su expulsión del cuerpo policial, según informó El País.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez impulsa un endurecimiento de la legislación contra la violación, principalmente para establecer la obligación del consentimiento explícito, una medida que abanderó después del sonado caso de “La Manada”, la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en Pamplona (norte) en 2016.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.