La iniciativa surge ante la necesidad de establecer mecanismos de control y prevención para desalentar desórdenes y la ocurrencia de hechos; así como la identificación de personas y grupos violentos.

Los parlamentarios sostienen que estos eventos deberían ser momentos y lugares de sano esparcimiento para los aficionados y para las familias, pero que en varias ocasiones fueron escenario de lamentables sucesos.

El documento recuerda que actualmente rige la Ley N° 1.866/2012 – “Por la no violencia en los estadios deportivos”, la cual necesita ser actualizada.

En él se establece cuáles son los objetivos y las medidas para evitar actos violentos en los espectáculos deportivos.

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El proyecto plantea la creación del Registro Nacional de Espectadores (RENAES), “donde se contará con información sistematizada de los espectadores en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos y espectáculos deportivos y de competición; las responsabilidades de las personas; las organizadoras de eventos y espectáculos deportivos; las condiciones de acceso y permanencia en los recintos deportivos; las infracciones y sanciones tanto para los espectadores como para los organizadores de los eventos deportivos; y de los directivos de entidades deportivas”.

Sobre el RENAES

El Registro Nacional de Espectadores (RENAES), llevará un registro de la información sistematizada de los espectadores con relación a hechos de violencia en eventos deportivos. Estaría a cargo del Ministerio del Interior.

Deberá trabajar en línea con la base de datos de la Policía Nacional y con el Registro Civil de las Personas.

Contará con datos biométricos de las personas mayores de edad que concurren a un espectáculo cuyo aforo sea mayor a 2.500 personas y habilitará una ficha con todos los datos.

Se dispondrá luego de un módulo de prohibiciones de acceso a recintos deportivos.

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Un artículo determina que se deberán instalar circuitos cerrados de televisión y otros recursos tecnológicos, para grabar el acceso, tanto al recinto deportivo como en las zonas aledañas donde pueda producirse aglomeraciones.

Asimismo, se estipula la inhabilitación o suspensión para ocupar cargos en la organización deportiva, temporalmente o incluso con carácter definitivo. La sanción temporal podrá ser de entre dos a cinco años.

También habla de sanción pecuniaria para los espectadores, clubes, deportistas y directivos, dentro del marco de las competiciones profesionales; clausura del recinto deportivo por un periodo de cuatro partidos o hasta la finalización del torneo o competencia; pérdida de la condición de socio y prohibición de acceso al estadio por tiempo no superior a cinco años; competencias a puertas cerradas; etc.

Enfatiza la pérdida de puntos o descenso de categoría; clausura; prohibición de acceso por periodos de entre seis meses y cinco años.

Por último, sobre los ingresos por sanciones, serían destinados a la implementación del RENAES y sus diferentes módulos, y a la adquisición de medios tecnológicos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.