Gabriela Von Schmeling, funcionaria administrativa de la UNA, en entrevista con Radio Monumental confirmó que desde el pasado viernes fue declarado un paro total de actividades en reclamo a los recortes presupuestarios que viene sufriendo la universidad desde hace varios años.

Volvió a reiterar que el pedido principal de los funcionarios es un reajuste salarial del 25%, el cual ya fue debidamente solicitado al Ministerio de Hacienda y la Comisión Bicameral de Presupuesto para que sea analizado.

“Ya buscamos (un acercamiento) con la ministra (Lea Giménez) y ella nos dijo que si queremos ganar más debemos aumentar los aranceles, actitud que rechazamos totalmente porque hace poco estamos acatando la ley de arancel más bajo para los estudiantes”, señaló a la 1080 AM, rechazando la propuesta planteada desde Hacienda.

Von Schmeling explicó que los recortes que se fueron realizando en los últimos años alcanzaron un 15%, por lo tanto, lo que solicitan ahora es volver a incorporar ese porcentaje al presupuesto de la UNA y agregarle otro 10%, dando la suma de 25%.

Otra de las exigencias de los funcionarios es el cumplimiento del contrato colectivo ya que existen funcionarios de distintas unidades académicas que no cuentan con ese beneficio.

La funcionaria señaló que, en caso de que el pedido de aumento presupuestario no sea considerado en el Congreso, irán a una huelga general, lo cual agravaría la situación que se vive actualmente en la UNA. De concretarse dicha medida de fuerza, iría (en principio) desde el próximo 17 de diciembre.

El pedido de aumento asciende a G. 42.000 millones para lograr el reajuste salarial y G. 60.000 millones para el cumplimiento del contrato colectivo en todo el funcionariado de la Universidad Nacional de Asunción.

El pasado viernes el Consejo Superior Universitario de la UNA resolvió ir a paro académico y administrativo, en apoyo a las movilizaciones de los funcionarios que exigen un aumento presupuestario para la institución. Esta medida afecta a las 12 facultades dependientes de la universidad.

En principio, la medida de fuerza se extenderá hasta el día jueves 23 de noviembre, según la comunicación oficial dada a conocer.

Miles de estudiantes se ven afectados con el cese de actividades, considerando que la atención al público se encuentra suspendida, además que no podrán rendir los exámenes finales que ya debían iniciar en estos días ni tampoco desarrollar clases con normalidad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.