Alejandro Zuccolillo, directivo de la empresa Magno S.A. Línea 12, lamentó el ataque a una de sus unidades de transporte ayer por parte de pasajeros que no lograron abordar debido a las restricciones en cuanto a la cantidad de personas en los buses.

“Yo comprendo la frustración de las personas, ayer muchas se quejaron. Es muy frustrante también desde nuestro sector no poder brindar el servicio que corresponde en una situación así de volátil. Si no sabemos qué nivel de movimiento va a haber mañana, qué cantidad de personas van a transitar, cuántos buses vamos a necesitar poner a disposición”, expresó en contacto con radio 1000 AM.

Por otra parte, el empresario aclaró que su sector no forma parte del Centro de Empresario de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y cuando sale a comunicar algo, lo hace desde su empresa.

“Cuando yo salgo a hablar, yo hablo por mi empresa, esa voz del sector es muy difícil que represente a todo un sector. Hay que reconocer que hay distintas personas, empresas y actores, y de cierta manera también sé que en muchas oportunidades hemos generado cierto rechazo dentro del sector por ciertas posturas y decisiones que tomamos”, afirmó.

No obstante, dijo que el problema del transporte público debe ser abordado desde una visión sistémica, a fin de encarar las reformas que correspondan.

“Si una empresa de San Lorenzo quiebra, la Línea 12 no podrá absorber toda la demanda, ya que estamos planificados a un nivel de demanda, más aún en un contexto sanitario porque tampoco tenemos la flota para abarcar pasajeros de otros lugares”, puntualizó.

Cabe mencionar que el Viceministerio de Transporte, mediante una resolución, amplió la cantidad de pasajeros en los colectivos. Según el documento, 5 pasajeros pueden viajar parados en los minibuses y hasta 10 en los buses de mayor tamaño.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.