El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional implementó desde este lunes el nuevo sistema electrónico de documentación, mediante el cual, los pasaportes y las cédulas se emiten con chips.

“La semana pasada presentaron un amparo para parar esto. No se hizo lugar. Ayer volvieron a presentar a un amparo. Esto siguió su ejecución”, detalló el ministro del Interior, Federico González, en un contacto con la emisora 730 AM.

Agregó que, tres denuncias se presentaron en la Dirección de Contrataciones Públicas y las tres fueron rechazadas. Además, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la ejecución. “Evidentemente hay un interés muy grande para que esto no avance, sin embargo, es una cuestión muy necesaria”, afirmó.

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Las cédulas son entregadas en el día y los pasaportes en un plazo de 24 horas. No obstante, se irán ajustando los detalles para agilizar los trámites.

González informó que, hasta el 15 de agosto no se pagará un solo guaraní del contrato, que, según indicó, se empezó a ejecutar contra vientos y mareas. Los primeros desembolsos quedarán a cargo del Gobierno entrante, a través del Ministerio del Interior.

Los costos para todos los trámites se mantienen:

Cédula de Identidad: G. 8.500

Antecedentes Policiales: G. 24.500

Pasaporte: G. 240.000

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ANTECEDENTES EXPUESTOS POR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA NEGRA

En el 2017 el Estado llamó a licitación para adquirir un nuevo sistema de elaboración de documentos de identidad, con una tecnología de punta para la Policía Nacional. Varias empresas se presentaron y la firma Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE) fue la adjudicada para realizar el trabajo de elaboración de cédulas y pasaportes con un avanzado sistema de chip  y un grabado láser, que hacen imposible la adulteración de los documentos y además el tiempo de producción y entrega es una hora aproximadamente. El costo total del trabajo es de US$ 28 millones.

Sin embargo, hubo protestas y pedidos de nulidad por la adjudicación, esto incluso llevó el caso a los estrados judiciales y fue la Corte Suprema de Justicia la que dictaminó que la licitación se realizó conforme al pliego de bases y condiciones, por lo que dio vía libre a CDE para que inicie los trabajos.

Para diciembre de 2019 la empresa debía entregar en funcionamiento total el nuevo sistema que debía contar con nuevas oficinas adecuadas para realizar los trabajos y los equipos de punta para imprimir las cédulas y pasaportes, sin embargo, los retrasos comenzaron a extender ese plazo, por lo que, se presentaron varias adendas que extendieron el plazo para la entrega de las obras.

La siempre desmedida burocracia hizo que las obras a cada rato sean interrumpidas. A esto se sumó la pandemia, pero de igual manera la empresa CDE siguió trabajando para entregar lo antes posible la obra, ya que en principio ya se les adelantó US$ 7 millones y solo al finalizar el trabajo podrían cobrar los otros US$ 21 millones restantes, pero desde la Policía Nacional no había mucho interés en que se finalice con el nuevo sistema de elaboración de documentos, ya que en febrero del año pasado lanzaron una licitación para compra de materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas, para la elaboración de cédulas y pasaportes por un valor de G. 21.725.000.000.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.