Durante una conferencia de prensa virtual desarrollada este martes, el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras autoridades de dicha institución respondieron consultas vinculadas a la polémica “Pasarela de la Cultura” ubicada sobre la Autopista Ñu Guasú.

Al respecto, Arnoldo Wiens indicó que nadie tiene autorización de usar su nombre como ministro y tampoco nadie está autorizado a ejercer presión para que un funcionario haga algo indebido.

También se refirió a la supuesta intervención de Jorge López Moreira, hermano de la Primera Dama y cuñado del presidente de la República, haciendo lobby a favor de la firma Engineering S.A. En tal sentido, dijo desconocer el contexto de la reunión que éste habría tenido en el MOPC o qué es lo que estaba haciendo allí en aquella ocasión. “No puedo responder por algo en lo que no estuve”.

“Lo que les puedo garantizar es que no vamos a permitir que intervengan en procesos licitatorios”, afirmó el ministro durante su exposición, sosteniendo que “ni si el Papa viene a pedir que se haga el cambio para beneficiar a un tercero no se va a hacer eso”.

Siempre sobre este mismo punto, dijo que no tolerará que una persona externa venga a “tratar de manipular y hacer cosas indebidas en la institución”, por lo que volvió a negar cualquier tipo de mediación por fuera de la cartera de Estado.

“Nadie necesita tener un padrino para ganar una licitación”, afirmó Wiens.

Al referirse a la empresa Engineering, recordó que dicha firma se presentó en varios llamados a licitación de varias carteras, no solo en Obras Públicas, y que inclusive llegó a perder varios contratos contra otros oferentes.

En el caso de la cuestionada “Pasarela de la Cultura”, manifestó que se van a encargar de corroborar “si todo está transparente” y que, en caso de detectar alguna irregularidad, van a tratar de corregirla.

“Es imposible como ministro conocer en detalle los procesos y los pliegos, por eso ahora se está trabajando para conocer todo”, apuntó Wiens.

En otro momento de la conferencia virtual, el mismo aseguró que “no va a tolerar en esta ni en otras licitaciones que se perjudique al Estado”.

Respecto a la denuncia de supuesta sobrefacturación, dijo que el precio referencial salió de la Revista Costos que es una referencia dentro del sector, aunque adelantó que “se está revisando” dicho aspecto en este momento.

Hasta el momento se abonó el 72% del monto total por la pasarela ubicada sobre la Autopista Ñu Guasu, la cual estaría siendo terminada para la próxima semana al montarse las partes finales, según señalaron las autoridades del MOPC.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.