Cinco hombres armados le cerraron el paso a la camioneta en la que circulaba Cecilia Cubas Gusinky, en las inmediaciones de Laguna Grande, en el límite de Fernando de la Mora y San Lorenzo.

De otro móvil bajó otro de los criminales y disparó a las ruedas del vehículo de Cecilia, quien hizo otro intento por retomar y escapar de los delincuentes. En ese momento, uno de los malvivientes, rompió la ventanilla del acompañante con un mazo de hierro, desbloqueó las puertas y ordenó a la víctima que baje.

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La joven todavía se resistía, ante lo cual, alguien disparó al capot y logró detener la camioneta.

Posteriormente, abrieron la puerta del lado del conductor y con mucha dificultad sacaron a Cecilia de su asiento. Ella continuaba luchando, por lo que, la arrastraron hasta otro vehículo, mientras ella pedía socorro, no obstante, lograron secuestrarla.

Los criminales se comunicaron con la familia Cubas Gusinky para exigir el pago de un dinero a cambio de la libertad de Cecilia. El monto fue entregado, pero los autores no cumplieron su palabra.

El 16 de febrero del 2005, luego de informaciones manejadas por la Policía y la Fiscalía, allanaron una vivienda ubicada en el barrio Mbocayaty de Ñemby, donde encontraron algunas evidencias, pero a ninguna persona.

Cuando parecía que ya no hallarían a Cecilia, uno de los intervinientes se percató de la existencia de un hueco en el piso, comenzó a golpear e indagar y se percató de que había una fosa, donde hallaron enterrada a Cecilia.

Arístides Vera,Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón, fueron condenados a 35 años de cárcel al ser encontrados culpables de homicidio doloso agravado, secuestro y asociación criminal. La justicia determinó que estas personas fueron las que decidieron en una asamblea la muerte de Cecilia Cubas por encima de seguir negociando su libertad.

A través de su defensa, el condenado Anastasio Mieres solicitó al Juzgado de Ejecución la revocación de los 10 años de medida de seguridad.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.