El político Leo Rubin, quien está muy ligado a la comunidad indígena, compartió en su cuenta de Facebook el caso de un anciano nativo que fue despojado de sus objetos culturales por parte del pastor evangélico, Serafín Navarro. “Terrible. Las religiones nos enseñan a amar y respetar a los demás; no deben ser una herramienta de persecución y mucho menos de culturas ancestrales, tan ricas y necesarias”, resaltó.

En el video publicado se observa con una actitud pasiva al anciano mientras Navarro, de la iglesia pentecostal Príncipe de Paz, decía que el nativo se había decidido a dejar la “brujería, naco y payé”. Luego muestra en el video los elementos que le fueron decomisados.

“Va a arder (lo incautado) en el nombre de Jesús”, se oye decir a otra persona que acompañaba al líder religioso, quien rompía algunos objetos. “Fuego de Dios que baje y elimine esto que es de satanás”, indicó Navarro. “Para que no vaya al fuego hacemos esto, la gente no entiende esto y pregunta por qué hacemos”, añadió el pastor.

El material termina cuando el evangélico lo “libera” y le pide que repita amén.

Esta situación generó una avalancha de críticas en las redes sociales, por no respetar la creencia de nativo, que está garantizada por la propia Constitución Nacional.

Luego de esto, el pastor Serafín Navarro utilizó sus redes sociales para informar que decidió devolver los objetos decomisados. Alegó que mucha gente no entendió el video. “Dicen que le fundí todos los objetos y él mismo me dio. A algunos de sus parientes no les gustó que yo haya llevado, entonces decidí traer al abuelo. No es que yo le atropellé”, indicó.

El pastor hizo hablar al indígena, quien expresó que dio voluntariamente sus pertenencias y que ahora recibía de manera íntegra lo que se había llevado el religioso.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 63 – De la identidad étnica

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.