• Por Aldo Benítez
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“La opción es armar cár­celes especiales y exclu­sivas para el PCC; es decir, para los grupos crimi­nales”, dice el ministro del Interior, Juan Ernesto Villa­mayor, en conversación con La Nación. La idea desde el ministerio en este asunto parece definida en algo: quie­ren armar un lugar donde recluir a todos los miembros de grupos criminales con una vigilancia especial.

De hecho, esta propuesta será presentada mañana lunes a la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ) en una reunión que el Poder Ejecutivo tiene pac­tada con los miembros de la máxima instancia judicial para hablar sobre el PCC o los grupos criminales que operan en nuestro país. Así lo anunció el propio ministro Villamayor.

“No se trata solamente de un trabajo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Esto ame­rita que el problema sea tra­tado realmente como un problema de Estado”, dice Villamayor.

La preocupación de las auto­ridades nacionales tiene razón de ser. El PCC se ha convertido en una grave amenaza para la seguridad interna. Los diez asesinatos –con seis decapitados y otros tantos quemados– que se die­ron el pasado 16 de junio en la Penitenciaría de San Pedro fueron apenas una muestra de la capacidad de generar terror que tiene este grupo criminal.

Bruno Paes Manso, perio­dista brasileño e investiga­dor del Centro de Estudios de la Violencia por la Universi­dad de San Pablo, Brasil, dice a La Nación que los asesinatos que se tuvieron en San Pedro son un mensaje del PCC. El periodista lo califica como una “estrategia política” del grupo para defenderse den­tro de las cárceles.

Paes Manso es autor –junto con Camila Nunez Dias– del libro “La guerra. El ascenso del PCC en el mundo crimi­nal de Brasil (2018)”, en el que habla justamente del ascenso del PCC en el mundo criminal brasileño. La construcción que tuvo el grupo como una organización fuerte y letal desde la cárcel para afuera, teniendo al narcotráfico internacional como su gran negocio.

Lo que ocurre en nuestro país parece ser una copia de lo que cuenta Paes Manso, pero con una notable dife­rencia. Brasil, por territorio y extensión, es diez veces más grande que Paraguay en todo. Según datos oficiales, Brasil es considerado el país con la tercera población carcelaria más grande del mundo, con unos 726 mil presos.

A pesar de las grandes distan­cias entre ciudades y estados, el PCC tiene una ascendencia importante en las cárceles. De hecho, los grupos criminales gobiernan casi el 76% de las penitenciarías, según la ONG Conectas, una organización que trabaja por los derechos humanos en el vecino país.

“Cuando el PCC empezó, allá por 1993, en San Pablo había unas 30 penitencia­rías. Actualmente hay más de 70. El crecimiento del grupo coincidió con el aumento de penitenciarías. Esto le for­taleció muy grande al PCC en todas las cárceles de San Pablo”, dice Paes Manso.

Otra coincidencia paraguaya con el sistema brasileño es la cantidad de presos sin con­dena. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA), de la ONU, estimó en el 2013 que casi el 40% de todos los presos en Brasil estaba con prisión preventiva.

En Paraguay esa cifra llega a un número alarmante. De 16.397 prisioneros que se tie­nen actualmente en las 18 cár­celes del país, el 77% (12.636) está sin condena. Apenas 3.750 reclusos están conde­nados.

Al igual que en Brasil, nues­tro país tiene un altísimo nivel de hacinamiento en las prisiones. Un informe del Mecanismo Nacional de Pre­vención de la Tortura (MNP) habla de que el 98% de todas las cárceles del país está con una superpoblación crítica. Para tener esta definición, el MNP recurre a lo que esta­blece el Comité Euro­peo para los problemas criminales, que da dicha calificación cuando la densidad penitenciaria supera el 120% o más de la capacidad de la cárcel.

“En los últimos 20 años, Brasil pasó a ser el tercer país con la mayor canti­dad de prisioneros a nivel mundial gracias a una enorme política de encar­celamiento masivo. Se pensó que esto ayudaría a acabar con los grupos cri­minales y la inseguridad, pero fue todo lo contrario. Estas políticas empezaron a fortalecer al PCC porque este grupo nació en la cár­cel y ahí recluta a soldados. Es decir, la idea fue un ver­dadero fracaso”, expone Paes Manso.

Al problema del hacina­miento se le suma la presencia de grupos delictivos dentro de las cárce­les que entienden que pueden llevar el nego­cio por cuenta propia, sin necesidad de formar parte del PCC. Es lo que ocurre con el Clan Rotela, que derivó en la masacre de San Pedro.

Liderado por Armando Javier Rotela Ayala, conocido como el “Zar del microtrá­fico”, el clan ganó terreno al incluir un ingenioso modelo como distribución del crack. El “delivery” o reparto. Ins­taló este sistema y se hizo fuerte, ya que con el paso de los años fue ganando distri­buidores pequeños por Asun­ción, Gran Asunción y hasta el interior del país.

Rotela Ayala tiene antece­dentes por tráfico desde el 2009. El problema con el clan y el PCC es que ambos quieren mantener la distri­bución que se tiene dentro de las penitenciarías. El nego­cio es demasiado grande y mueve mucho dinero, dicen los investigadores.

NACIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

Casi como premonición de su propio camino, la muerte, sangre y violencia fueron los factores que marcaron el ini­cio del PCC en Brasil. El 2 de octubre de 1992, en la Peni­tenciaría de Carandiru, San Pablo, una rebelión de los reclusos derivó en una inter­vención de la Policía Militar brasileña que dejó un saldo de terror: 111 prisioneros muer­tos. Ni un solo policía herido.

Tras este macabro hecho nace el PCC, casi como una reacción ante semejante atro­pello. “El grupo nació con un discurso de la defensa de los reclusos. Entonces se colocó como un grupo de autode­fensa de los criminales”, explica el periodista brasi­leño.

Según Paes Manso, a los siete años de haberse formado, el PCC ya tenía una fuerza considerable. Para el 2001, el grupo se enfrentó a otras agrupaciones criminales que en ese entonces también que­rían tomar el control, pero el PCC resistió. Para finales del 2003, el 90% de las prisiones de San Pablo ya era dominio del PCC.

“Lo que estamos haciendo es formar más soldados para el PCC con nuestras cárceles superpobladas”, dice por su parte la doctora Cecilia Pérez, ex viceminis­tra de Política Criminal del Gobierno Nacional hasta agosto del 2018. Pérez explica a La Nación que si bien la solu­ción para nuestro sistema tampoco es la construcción de más cárceles, ante la situa­ción actual es necesario cons­truir más penitenciarías.

“El hacinamiento definiti­vamente es un caldo de cul­tivo para el PCC y también para el EPP (Ejército del Pue­blo Paraguayo) porque estos son grupos de crimen organi­zado que aprovechan la situa­ción de hacinamiento, de las malas condiciones, entonces logran reclutar a más solda­dos. Ellos hablan de ‘rebauti­zar’ a sus miembros”, expone la profesional.

Pérez dice que ya bajo su mandato se dejó preparado un proyecto para la cons­trucción de cuatro cárceles en la zona de Emboscada –en donde ya existe una cárcel– con capacidad para albergar a otros 5.000 reclusos.

A criterio de Pérez, el drama tampoco se resolvería con la expulsión de estos reclu­sos miembros del PCC. Esto, debido a que la mayoría de los que están detenidos en Para­guay no tienen procesos en Brasil, por lo que volverían a ingresar al territorio para­guayo sin mayores inconve­nientes, teniendo en cuenta las circunstancias fronte­rizas entre Paraguay y Bra­sil. Solamente entre Salto del Guairá (Canindeyú) y los estados brasileños de Paraná y Mato Grosso do Sul hay unos 200 kilómetros de frontera seca.

Pérez ha trabajado en un proyecto para reformar el sistema penitenciario para­guayo y apunta a una cuestión que considera fundamental para evitar los hacinamien­tos. Evitar que la prisión sea masiva, una situación que agrava la cuestión poblacio­nal.

“Hay que trabajar por corre­gir la Ley 4.431 del 2011. Con esta ley, la regla es la prisión directa. Es decir, no se puede litigar nada en libertad. Esta ley prohíbe al juez analizar los presupuestos de una pri­sión preventiva porque un juez que no aplica esa ley, hace algo inconstitucional y entonces termina ante el Jurado de Enjuiciamiento”, dice Pérez.

PRIVADOS DE LIBERTAD Y DE SUS DERECHOS

Para Dante Leguizamón, del Mecanismo Nacional de Pre­vención de la Tortura (MNP), la situación actual del sistema penitenciario paraguayo genera que toda la gente rechace lo que uno encuentra allí. “Hay una falta de acceso a derechos básicos. Alimen­tación, un espacio digno para dormir, acceso a la educación y el trabajo. Es como algo bas­tante predecible que esto se convierta en un lugar para el fortalecimiento de estos gru­pos”, expone Leguizamón, haciendo alusión al PCC.

Dice además que la cons­trucción de más cárceles no aborda el real problema de fondo, que es definir como sociedad, como Estado, por qué se sigue metiendo mucha gente a las cárceles. “Esto requiere que todas las instituciones del Estado se involucren en procesos con medidas de prevención y de acceso a los derechos huma­nos. Es necesario cambiar este estado de cosas en el asunto penitenciario”, dice Leguizamón.

Después del 2000, el ingreso de la tecnología con los telé­fonos celulares al alcance de más personas hizo que el PCC encuentre una vía de comunicación mucho más eficiente y ágil. “El teléfono celular empezó a tornarse popular dentro de las cárce­les, entonces el PCC empezó a tener contacto entre ellos en las cárceles y a empezar a mover contactos de afuera. Con eso arrancó su gran red de narcotraficantes”, explica el periodista Paes Manso.

Esto abrió igualmente la posibilidad de que el nego­cio se expandiera. El PCC vio entonces que el control de drogas que tenía en las cár­celes podía extenderse con mayor facilidad en las afue­ras, donde ya estaban ope­rando. “Empezó un nuevo modelo de negocios con la venta de droga. Ahí entra también a la vista Paraguay”, expone el especialista.

A partir del 2007 los con­tactos se hicieron más fre­cuentes y Paraguay direc­tamente pasó a ser una gran ruta y, también, un punto de producción importante de marihuana. “Paraguay tam­bién es un lugar donde hacen contacto con compradores de cocaína de Bolivia. Después de la muerte de Rafaat, esto empezó a correr más fuerte”, expone Paes Manso.

Jorge Rafaat Toumani fue un conocido “empresario de frontera” afincado en Pedro Juan Caballero, Amambay, quien fue asesinado durante una tremenda emboscada el 15 de junio del 2016 en la misma ciudad. En aquella oportunidad, los asesinos usaron incluso un fusil anti­aéreo. Se habló de que los res­ponsables del ataque fueron los del PCC. Este episodio arrojó una serie de asesina­tos posteriores en la zona.

Según Paes Manso, Rafaat fue un hombre que bloqueaba los negocios del PCC del lado del Amambay. Su eliminación resultó un alivio para la orga­nización, que rápidamente se hizo de esa ruta, dice el espe­cialista.

EL COMANDO VERMELHO

Antes de que el PCC pen­sara en Paraguay, otro grupo tenía el territorio a su dispo­sición. Se trata del Comando Vermelho (CV), encabezado por Fernandinho Beira-Mar, un narcotraficante que hoy ya adquiere fama de leyenda. Recluido hace 18 años en una cárcel de Brasil, escribió dos libros y está próximo a lan­zar su propia marca de tazas, remeras, etc.

Quienes investigan a estos grupos criminales los dife­rencian en el modo de trabajar y actuar. El CV, que ya opera en Paraguay desde mediados de los 90, es un grupo que trabaja en el tráfico de dro­gas, etc. Por antigüedad, se le considera uno de los grupos criminales más fuertes de la región. La disputa entre el Comando Vermelho y el PCC se volvió inevitable cuando el grupo nacido en las cárceles llegó a Paraguay.

El 6 de noviembre del 2018, el narco brasileño Marcelo Pinheiro, alias Piloto, jefe del CV, ofreció una conferencia de prensa como si fuera un deportista de primer mundo. Frente a cámaras y decenas de micrófonos, delató que el comisario principal de la Poli­cía Nacional, Abel Cañete, le cobraba un “canon” mensual­mente para facilitarle infor­mación. Es decir, trabajaba de “soplón”.

“Piloto”, con una decena de pedidos de la justicia brasi­leña a cuestas, estaba deses­perado por evitar una extra­dición que parecía inevitable, hasta que lo impensado ocu­rrió. El 17 de ese mismo mes, el narco brasileño asesinó a una joven de 18 años en su celda de Tacumbú. Lo hizo con la intención de que se abra una investigación en su contra y evitar ser extraditado.

El escándalo obligó al Gobierno a tomar medidas, torcer resortes jurídicos y apurar lo antes posible la extradición de “Piloto”, que se concretó dos días después del asesinato, el 19 de noviem­bre. El narco fue capturado en el departamento de Itapúa en diciembre del 2017.

La tecnología fue entonces la que permitió al PCC enviar a sus “embajadores” a diferen­tes partes de Sudamérica a mediados del 2000. Así, Para­guay, Bolivia y Colombia fue­ron los países con los que el PCC empezó a operar, pri­mero con la ruta de la droga, después con la de armas. Todo el operativo se conducía desde las cárceles de San Pablo.

En Paraguay no solamente la tecnología ayudó a que estos grupos encuentren terreno fértil, sino que las propias fuerzas del Estado influye­ron. Como ejemplo vale citar el caso del comisario Abel Cañete, que hoy sigue inves­tigado por las declaraciones de “Piloto”.

El relato de Paes Manso coin­cide con los hechos que se sucedieron en aquellos tiem­pos en nuestro país. El 28 de diciembre del 2009, la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) capturó a Jarvis Chi­menes “Pavão”. Considerado entonces uno de los “emba­jadores” del PCC y, por ende, jefe de la organización en nuestro país.

Con Jarvis cayó preso Car­los Antonio Caballero, alias Capilo, también jefe de la organización del PCC en Paraguay. Ambos narco­traficantes fueron sorpren­didos mientras dormían en una quinta de Yby Yaú, depar­tamento de Concepción. La Senad no tuvo que disparar una sola bala para atrapar a los delincuentes más busca­dos hasta ese entonces.

Nueve meses después, en julio del 2010, en una tranquila zona conocida como Cerro 21 de Pedro Juan Caballero, Amambay, las fuerzas de la Senad volvieron a sorpren­der a otro jefe narco del PCC. Esta vez fue Ireneu Domingo Soligo, alias Pingo. Este hom­bre estaba con orden de cap­tura internacional y aparecía entre los más buscados por la policía brasileña por ser el jefe del PCC para la ruta del nar­cotráfico en la conexión Boli­via-Paraguay-Brasil.

Los más grandes embajado­res del PCC en los últimos años cayeron presos en Para­guay. Además de “Pingo” y “Pavão”, posteriormente se sumaron Eduardo Apare­cido de Almeida, alias Piska (2018), y Thiago Ximenes, alias Matrix (2019). Todos estos hombres son conside­rados por los investigado­res brasileños como jefes directos del PCC a la hora de negociar las rutas en las fronteras.

“El PCC es una mafia carce­laria. El 80% de sus miem­bros está dentro de las cárce­les, dentro de las cárceles de todo Brasil, entonces es una gran red de criminales que tiene sus contactos afuera”, dice Paes Manso. Estos con­tactos “de afuera” por lo gene­ral operan en Paraguay, Boli­via o Colombia.

La masacre de la cárcel de San Pedro es una muestra del poder violento del PCC. En una reciente entrevista para La Nación, el director del Penal de Tacumbú, Jorge Fer­nández, reconocía el poder de este grupo armado y las pocas herramientas que se tienen desde las instancias estatales para hacerles frente en situa­ciones de amotinamiento por la forma en que operan.

Desde el Ministerio de Justi­cia calculan que son 400 los miembros activos del PCC distribuidos en las 18 cárce­les de Paraguay. No parece un número alto, pero el problema son los nuevos “bautizados” que van saliendo todos los días, a cada momento.

“Vamos a tener que adoptar una política de cuarentena para estos grupos crimina­les. Buscar aislarlos y tenerlos controlarlos”, dice el minis­tro Villamayor, mirando en un proyecto a más largo plazo.

El problema con las mafias es que no esperan cuando quie­ren dar un mensaje.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.