Patricio Ortega, director de la Marina Mercante, sostuvo que Argentina alegó que son aguas soberanas y que existen servicios de dragado. “Los documentos que presentaron no justifica ese peaje. Esto viola cinco artículos de un acuerdo internacional”, expuso en entrevista con el canal GEN.

Ante esta situación, esta mañana la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay- Paraná (CNH) realizará un encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), con la participación de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y representantes de los sectores público y privado para analizar las medidas.

La convocatoria a la reunión fue hecha por la Dirección de Cuenca del Plata y Navegación Fluvial del MRE y será presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, embajador Rubén Ramírez Lezcano.

Además de la tarifa de peaje en el tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná entre el puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay, durante el encuentro se abordarán otros temas de la agenda provisoria prevista para la próxima reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a llevarse a cabo el 30 de agosto próximo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Alegando que las obras de mantenimiento y mejoras justifican la percepción del peaje, el gobierno argentino dispuso desde este año que las embarcaciones que transitan por dicho tramo paguen USD 1,47 por tonelada, lo que generó todo tipo de protestas, especialmente del sector naviero en general.

Recientemente, incluso el buque remolcador de bandera paraguaya HB Grus, quedó retenido por no pagar el peaje, pero finalmente, la empresa fluvial tomó la decisión de pagar lo exigido y fue liberado.

Tras numerosas protestas de autoridades y gremios, finalmente Paraguay no logró, al menos por el momento, que los reclamos sean escuchados por las autoridades argentinas.

En este contexto, ya durante la LVIII Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná realizada en mayo pasado, nuestro país reiteró que el peaje de la República Argentina constituye un gravamen sobre el transporte internacional sin acuerdo de los países, lo que a su vez es discriminatorio y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación, en contravención al acuerdo, los entendimientos y prácticas regionales que hacen de la hidrovía un factor de crecimiento y desarrollo económico, que busca la modernización y eficiencia de las operaciones que faciliten la navegación y el transporte comercial, y permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar.

En dicha ocasión, las delegaciones de Bolivia, Brasil y Uruguay manifestaron también su grave preocupación por el peaje implementado unilateralmente al margen de las disposiciones reglamentarias que establecen la obligación de los Estados de mantener a la comisión del acuerdo informada de toda medida legislativa, administrativa o judicial implementada en los Estados Miembros que tenga efecto sobre la aplicación del acuerdo a fin de que la comisión pueda evaluar su alcance y formular propuestas vinculadas a ellas.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.