Carlos Darío Fernández, titular de la COIA (Coordinación Operativa de Investigación Aduanera), informó que, durante la primera reunión mantenida ayer con los comerciantes de Nanawa, se les explicó la necesidad de formalización.

“Ese es el pedido de ellos, flexibilizar los controles, pero el director fue bastante claro que con el cumplimiento de la ley no se puede negociar, los controles van a continuar rigurosos”, detalló Fernández, en comunicación con el canal Gen-Nación Media.

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Anunció que, una de las medidas tomadas es la conformación de un equipo de Tributación que se encargará de formalizar a los vendedores que así lo quieran, a fin de que puedan inscribirse comerciantes y expedir factura. Ese proceso comenzó esta mañana.

Además, funcionarios de la Dirección de Aduanas se encargarán de dar una capacitación sobre los aspectos formales. Esos talleres ya  iniciaron hoy, pero continuarán según las necesidades.

Otro aspecto es el relacionado a las compras en el territorio nacional y, en ese sentido, reconoció que, una adquisición dentro del país, no tendría por qué tener limitaciones.

Esta y otras cuesitones son negociables, no así la permisividad en el ingreso ilegal de mercaderías. “Esas flexibilizaciones que ellos solicitan no se van a dar, el camino se les explicó que es que los comercios vayan regularizando sus operaciones y puedan trabajar correctamente”, comentó el titular de la COIA.

LOS GRANDES EN LA MIRA

Fernández aseguró que también apuntan a los grandes financistas y a los centros de acopio de gran envergadura.

“Pero también, como primera medida, con el ingreso masivo que teníamos, se optó por el cierre y el límite de ingresos”, afirmó. Detalló que muchas personas son utilizadas por los grandes compradores para traer diariamente una enorme cantidad de productos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.