La denunciante confirmó a Hoy Digital que el monto a abonar de manera mensual es 1 millón de guaraníes, cifra que el mismo Salyn Buzarquis fijó durante las negociaciones en la justicia, pero que ahora no cumple, pese a que hasta habilitó una cuenta para realizar el depósito. “Es una cuestión de él (por qué no paga), pero mientras tanto la niña necesita sus cuidados”, afirmó.

“Entiendo que pueda tener sus deudas, pero para cualquier padre es prioridad su hija. Él le conoce a su hija, no hay mal relacionamiento, es más me gustaría que sea mayor y espero que no se mezclen las cosas, que la denuncia no sea excusa para que no vea a su hija”, comentó Regina Ríos sobre el legislador que asumió su paternidad de la pequeña que ahora tiene cuatro años de edad.

A su vez, el abogado Pedro Saguier, quien representa a Ríos, comentó a radio Ñanduti que la madre presentó una denuncia penal por este incumplimiento y que para poder procesar al legislador, necesariamente debe ser despojado de sus fueros.

Recordó que el caso comenzó años atrás cuando en primer lugar se llevó a cabo un juicio de filiación en el que Buzarquis aceptó ser el padre de la menor y que en el mismo salió una sentencia definitiva donde se estableció el monto de la pensión alimentaria.

“El Juzgado de la Niñez por sentencia establece un monto en virtud a una oferta que él hace como padre una vez asumida la paternidad, al principio se cumplió, pero ahora no pasa la pensión. La madre tuvo unas conversaciones previas con los abogados de él pero no logró arribar en un acuerdo por la mora de esos meses que debe”, dijo el letrado.

Según La Nación, desde el acuerdo firmado entre las partes en el 2017 pasaron 29 meses y con el monto estipulado, de un millón de guaraníes, la prestación debería ser de 29 millones. El senador depositó 10 millones millones de guaraníes en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), quedando la deuda en 19 millones de guaraníes.

El senador Enrique Salyn tiene a más de una docena de sus familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado unos G. 2.600 millones.

Los operadores políticos de los Buzarquis facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G.118 millones, monto que si se observa desde una perspectiva anual, trepa hasta los G. 1.542 millones. Sumando todo, entre familiares y seguidores, el clan cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.