Según la propuesta legislativa, los trabajadores sin antigüedad que sean despedidos de forma injustificada, pueden optar por continuar en su puesto y percibir su salario caído en ese periodo de tiempo, en vez de simplemente cobrar la indemnización. Un juicio es lo que determina siempre si el trabajador fue despedido sin razón alguna, o no.

Actualmente el proyecto, que modificó el artículo 82 y 83 del Código Laboral, cuenta con media sanción y pasó al Senado.

“Es inaplicable, una locura”, calificó Eduardo Felippo. “No sé qué hay detrás de todo esto. Supongo que debe de haber algún tipo de negociación, de negocio, de algo”, estimó el titular de la UIP.

Según el Código Laboral actual, un trabajador tiene un periodo de prueba de dos meses cuando empieza a trabajar en un lugar, durante los cuales, si el trabajador o el empleador finaliza la relación, el segundo no tiene más obligación que pagar por los días trabajados, sin que haya ninguna otra obligación para ambas partes.

A partir de entonces (luego de los dos meses), si una de las dos partes desea rescindir el contrato, ya existen responsabilidades que se deben asumir.

Cuando el trabajador alcanza la antigüedad de 10 años, y si es despedido posterior a ello, la empresa debe pagar al trabajador 30 salarios mínimos por cada año trabajado. En el país existen muchas quejas sobre pequeñas “trampas” de las patronales, muchas de las cuales obligan a sus empleados a renunciar antes de que se cumplan los 10 años, para recontratarlos y así evadir esa disposición que beneficia al trabajador con la estabilidad especial adquirida por el empleado tras ese periodo de tiempo trabajando en un mismo lugar.

“Lo que se está buscando ahora es que el trabajador adquiera estabilidad a partir de un día de trabajo”, dijo Felippo en Ñanduti AM, asegurando que el proyecto “ahuyenta cualquier deseo de poner puestos laborales”.

“No tenemos la ley del primer empleo para permitir entrar a nivel de aprendiz por debajo del mínimo, porque es aprendiz. Todavía no lo logramos y quieren venir con esto”, continuó descalificando la propuesta normativa, el empresario al tiempo de quejarse de la falta de una buena capacitación de mandos medios en el país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.