En el 2019, luego de varias dilaciones y anulaciones de anteriores licitaciones plagadas de irregularidades, el MOPC concretó el proceso licitatorio para los trabajos de restauración en el sector de sacristía y obras exteriores de la Iglesia. El lote 1, adjudicado a la empresa Barrail Hermanos por un valor de 6.446.142.155 guaraníes, contempla la restauración del retablo y del cielo raso de la sacristía, además de la fumigación de todo el templo. En tanto que el Lote 2, adjudicado a la firma Colonial S.A., por un valor de 1.963.500.496 guaraníes, incluye las obras de infraestructura vial inconclusas en la calle peatonal adoquinada, así como cercado perimetral de la plazoleta del templo y las veredas sobre la Ruta 1.

Pese a la urgencia de la situación, la empresa Barrail se vio imposibilitada a iniciar los trabajos de restauración propiamente por la falta de aprobación del protocolo de intervención (esta es la guía de cómo se harán los procedimientos), únicamente pudo delimitar el área a ser intervenida con los vallados e instalar los equipos. Incluso en octubre del año pasado los trabajadores de la empresa fueron desalojados por el propio intendente Luis Rodríguez cuando estaban haciendo el inventario de las piezas. Vale recordar que la Municipalidad de Yaguarón había contratado los servicios de una restauradora extranjera para asesorar el trabajo y quien luego elaboró otro protocolo de intervención pero sin firmar, por lo que no puede ser aprobado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Ya hace un año las autoridades locales y nacionales acordaron trabajar en el requerido protocolo para impulsar lo antes posible las obras en el templo de Yaguarón, pero esto aún no se concretó y las labores siguen en “stand by”.

Las obras no arrancan y el riesgo de derrumbe avanza. La Iglesia se encuentra en un deplorable estado de abandono y una de las preocupaciones es que el campanario termine cayéndose sobre el techo.

Al verse impedida de poder trabajar en el templo, la empresa adjudicada ya inició el proceso de rescisión de contrato ante el MOPC, institución que se encuentra analizando el pedido. Todo hace suponer que la restauración deberá seguir esperando hasta que se licite nuevamente.

Por esta situación, a inicios del mes, la diputada Kattya González (PEN) presentó ante la Cámara Baja el pedido de informe a la Gobernación de Paraguarí, Municipalidad local, Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) respecto al motivo de la desidia y desinterés por un bastión de la historia y cultura paraguaya.

La emblemática iglesia de San Buenaventura de Yaguarón es centro religioso y cultural de la ciudad y de la región, caracterizado por la notable sencillez de su exterior, en contraste con la riqueza y exuberancia del interior. El interés común debe ser recuperar este patrimonio histórico cultural de la nación, pero las propias autoridades ponen palos a las ruedas y dilatan excesivamente la solución.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.