Hugo Royg, miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, en contacto con la 970 AM expresó su preocupación por la existencia de anestesistas “mau” que ejercen la profesión de manera irregular.

En ese sentido, explicó que estas personas se encuentran trabajando en hospitales públicos pero con una formación insuficiente, ya que sólo siguieron unos cursos o licenciaturas en anestesiología que fueron suspendidas debido a que no cumplían con los mínimos requisitos en materia académica.

A esto se suma el hecho de que, tras el cierre de dichas carreras, sus títulos siguen estando vigentes, por lo que teóricamente se encuentran “habilitados” para dedicarse a esta profesión.

Todo habría comenzado en el año 2010 cuando fueron habilitadas licenciaturas de anestesiología en dos universidades privadas, la Universidad del Norte (Uninorte) y la Universidad San Lorenzo (Unisal), y que posteriormente fueron suspendidas por el Consejo de Universidades debido a que no cumplían con las exigencias académicas.

Royg indicó que en estos cursos la carga horaria era insuficiente, ya que las clases se desarrollaban sólo una vez por semana y el estudiante terminaba recibiéndose en el lapso de 2 años.

“Nos enteramos que hay personas que están convalidando materias de estos cursos irregulares en carreras de medicina de modo que pueden acortar el tiempo para ser médico, que es de 6 años, quedando en 3 o 4 años, lo cual es más grave aún”, sostuvo durante la entrevista.

Normalmente el tiempo total de formación para recibirse de médico anestesiólogo es de entre 9 y 10 años. Luego haber culminado la carrera de Medicina, uno debe seguir el proceso de formación en dicha especialidad, ya que se trata de una carrera de postgrado.

“Están tomando una especialidad de postgrado médico para hacer cursitos de verano. La idea que dan es que uno no necesita ser médico, directamente sigue una especialidad, dicen para qué voy a hacer una carrera tan larga si solo puedo hacer la parte final”, expresó el miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología.

En un principio se había mencionado que alrededor de 100 personas ejercerían la profesión de anestesistas en varios hospitales públicos, aunque Royg considera que podrían ser más los involucrados en esta situación.

Un dictamen de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) reveló que la malla curricular propuesta en estas casas de estudio no cumplía con los requerimientos académicos para estar habilitada, por lo que tuvieron que ser nuevamente suspendidas.

Royg calificó de “comercio de la educación” el hecho de que varias universidades hayan incluido entre sus carreras la especialidad de anestesiología sin siquiera cumplir con los mínimos requisitos en cuanto a tiempo de formación y malla curricular.

“La anestesia es cada vez más exigente, el margen de error es mínimo. las lesiones pueden ser leves, graves, irreversibles o llevar hasta la muerte. No podemos negar que existan riesgos y más aún dependiendo del tipo de intervención quirúrgica o patología del paciente, es un procedimiento que requiere conocimientos médicos para asumir decisiones en un momento determinado y más aún si se registran complicaciones”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.