“Tales amenazas, por su naturaleza, requerirán el concurso de la Secretaría Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación”, señala una parte del considerando del documento presidencial.

“Ese tipo de amenazas siempre están latentes, pero no sabíamos la existencia de ese decreto”, respondió a la 1080 AM Gustavo Villate, nuevo titular del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación, al ser abordado sobre el tema.

La omisión del aviso sobre el aparente peligro existente en torno a archivos oficiales de entes (tanto los datos públicos como los catalogados como confidenciales y/o secretos) resultó más que llamativa.

El Contralmirante Cíbar Benítez, del Consejo de la Defensa Nacional, expresó que el cibercrimen está instalado como tema prioritario en materia de seguridad nacional, por lo que, su abordaje es de vital importancia.

“Esta cuestión del ciberataque es algo que se tiene que tener en cuenta en el tema de seguridad. La función del secretario permanente es de un ente coordinador de los esfuerzos de cada una de las agencias”, dijo Granada.

EXTRAÑO OCULTAMIENTO

“La comunicación en cuestión, por implicar potenciales riesgos para instituciones públicas, merece la determinación inmediata de acciones preliminares de carácter preventivo, que permitan, en su caso, hacer frente a las amenazas”, reseña otra parte del decreto firmado por el exmandatario.

Y surge a eso la interrogante: ¿Por qué existiendo un peligro virtual y grave, no fue informado al nuevo gobierno?

El dato saltó al tapete en una entrevista en la que ocasionalmente el comandante de la la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, sacó a la luz pública, la existencia de una alerta sobre un posible ciberataque a entes del Estado.

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Una de las preguntas (de las muchas) que corre en torno al tema, es si el silencio del gobierno anterior no sería la admisión de un “autosabotaje”. Esta presunción tiene un posible asidero, en la manipulación de informaciones (entre falsas, hipotéticas, parcializadas) de entes estatales, a los cuales echó manos el gobierno saliente, para atacar a adversarios políticos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.