“Lo que se busca es un mecanismo de facilitación para que los bienes estén en manos del Estado y que sean puesto en beneficio de la ciudadanía”, indicó el procurador Sergio Coscia a la 970 AM. Explicó que por ejemplo el lujoso Lamborgini del supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña, actualmente procesado, no le sirve al Estado y se podría monetizar para sacar provecho.

Mencionó que actualmente están trabajando en conjunto Senabico, Seprelad, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría y Ministerio Público, de modo a conseguir una reglamentación, no así una ley propiamente, que permita al Estado la incautación rápida de bienes privados conseguidos por la vía delictiva.

El entrevistado indicó que por cuestiones burocráticas, se inscriben bienes al nombre del Estado paraguayo y para rematarlos se tarda aproximadamente cinco meses. Entonces se busca agilizar ese trámite.

¿Qué pasa cuando el investigado es inocente? Esta extinción de dominio puede acabar siendo perjudicial para el Estado, ya que se adueña de bienes de una persona que aún no fue condenada.

En ese sentido, el procurador aseguró que se garantizará la protección de las personas investigadas. “Se establecieron los mecanismos legales tanto para el imputado como para el Estado”, dijo. “Necesariamente hay que hacer el control, poniendo las garantías constitucionales primero”, añadió.

Coscia argumentó que el decomiso solo se realiza en casos donde los hechos punibles se descubren en flagrancia o previa investigación. “No existe la posibilidad de que a algún estafador o persona investigada por corrupción se le decomise”, esgrimió.

“Tengo mi presunción a favor del Estado cuando estás prófugo (caso Darío Messer) o chicaneas (Cucho) para no aplicar la ley. El comportamiento del imputado suma al final de la jornada para probar su relación con el hecho punible por el cual se lo investiga”, puntualizó.

Actualmente existen cerca de 500 inmuebles, además de automóviles de alta gama, cuyas ventas pueden generar importantes recursos financieros para uso del Estado.

CASO ARGENTINO

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para establecer la llamada ley de extinción de dominio, cuyo objetivo es permitir al Estado la incautación rápida de bienes privados conseguidos por vía delictiva.

El proyecto de ley de extinción de dominio, ahora convertido en DNU, ha pasado años estancado en el Congreso por razones técnicas. Plantea la apertura de una vía civil para la recuperación de bienes paralela al proceso penal: la causa civil requerirá solamente una sentencia firme de un tribunal penal de primera instancia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.