Julio Ferreira, abogado representante de algunos afectados en apuesta D9, reportó que presentó una denuncia por fraude, daño patrimonial, estafa y asociación criminal contra personas innominadas ante el Ministerio Público.

“Es muy triste lo que ocurre, el negocio inició en octubre del año pasado por ahí por el Club de Emprendedores. Agarró a un grupo de personas que pensaban cambiar su vida económica y quedaron peor aún. Incluso tenemos conocimiento de una persona que se quitó la vida porque estaba muy comprometida económicamente con D9. Hay gente que perdió a su familia y conozco dos casos de personas que usaron su indemnización al perder su trabajo”, indicó.

En conversación con la R800 AM, contó que por el otro lado hubo gente que se enriqueció con esto. “Son los líderes, los que primero ingresaron. Estos serían cómplices y autores directos del hecho punible porque sabían de las transacciones que se estaban realizando. Ellos comenzaron a recibir dinero en efectivo a cambio de nada, porque las cuentas no sirvieron de nada”, dijo el letrado con relación a las “garantías” que recibían los nuevos adeptos.

Pese a que prefirió no nombrarles directamente, mencionó que el presidente y vicepresidente del D9 en Paraguay hacen un derroche impresionante de dinero en las redes sociales y ostentan una vida lujosa, que no corresponde con el ingreso trabajando legalmente. Los mismos recibieron cheques de 300.000 dólares, según sus propias publicaciones, por lo que criticó que el sistema de control de dinero por parte del Estado no fue eficiente al no notar esta llamativa situación.

Se estima en 30 mil las personas que fueron estafadas con el “juego deportivo” D9. El esquema consistía en reclutar “inversores” bajo el sistema piramidal Ponzi, convencerles de depositar dinero en una cuenta y esperar el retorno de premios. “Creemos que gran parte del dinero está en el país”, contó Ferreira.

“Hay personas ingenuas, la inocencia y codicia de la gente hizo que sean estafadas, nosotros estuvimos ayer por la Fiscalía y la funcionaria que nos recibió nos dijo que era víctima también, al igual que muchos de sus compañeros. Vendieron muy bien la idea”, argumentó.

Las advertencias en momentos en que a través de las redes se daba a conocer las “bondades” del D9 fueron en vano. El 21 de mayo pasado, más de 2.000 personas (de las otras miles que conforman) escucharon atentamente a uno de los Ejecutivos del “juego”, en lo que sería la última charla que dio el mismo, para desaparecer después del mapa.

La estafa saltó primero al tapete a nivel internacional, y ni aun así fue suficiente para avivar a miles de personas que, esperando ganar dinero fácil, mordieron el anzuelo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.