“Las historias de ABC están bien libretadas. Es una novela mexicana de mal gusto”, empezó diciendo la empresaria María Luz Peña, quien reconoció haber dado 40 millones de guaraníes al periodista “Juanki” Lezcano pero rechazó que haya sido en concepto de un soborno proveniente de la empresa de seguridad Security Service Tecnology (SST), tal como alega el comunicador, para que parasen las publicaciones en contra de la firma.

En su descargo, Peña explicó a la radio 650 AM que posee una consultora donde Lezcano trabaja como freelance desde el 2017. Allí el mismo se encarga de realizar trabajos comunicacionales, como por ejemplo los guiones para formatos televisivos y consultoría a los políticos, entre otros.

“Este año vino de nuevo a la productora y me dijo que ganaba 4.500.000 en ABC pero que no le alcanzaba su sueldo, porque sacó un préstamo del Banco Atlas para su automóvil y necesitaba hacer extras”, dijo y añadió que inclusive tuvo que darle un adelanto porque “no tenía ni para su combustible”.

La empresaria contó que todos los días el periodista iba a su consultora luego de salir de trabajar en ABC, hasta que se dio el caso con la empresa SST. Sobre esta firma de seguridad, María Luz Peña dijo que los representantes decidieron justamente contratar sus servicios para mostrar cómo trabajan.

Confirmó que el senador liberal Dionisio Amarilla, quien ahora se vio envuelto en este escándalo, es un amigo suyo con quien realizó muchos trabajos y que fue compañero de facultad del directivo de SST, Óscar Chamorro, quien solicitó ayuda al legislador para poder llegar a la consultora porque estaba perdido. “Esa fue la única participación que tuvo él, lo único que hizo fue traerle a este señor Chamorro hasta mi empresa, para que nosotros podamos hacerle el trabajo de asesoría comunicacional”, remarcó.

Siguió contando que durante la reunión fue llegando Juanki y allí ella le mostró una solicitada que estaban armando con la empresa por las publicaciones en el diario ABC y además le reclamó su falta de ética por no haber obtenido la versión de la firma para sus notas periodísticas.

Alegó que en ningún momento dijo que debía parar sus publicaciones, sino que conseguir que parasen las notas negativas al impulsar una campaña comunicacional desde su consultora. Añadió que el video está editado para no mostrar lo que verdaderamente dijo.

“En ningún momento le ofrecimos absolutamente nada. La empresa vino a contratar nuestros servicios para hacer todo un breafing o informe institucional. Lo único que hice fue presentarle a Juanki al dueño y le dije que íbamos a trabajar con la empresa”, afirmó.

Respecto a la entrega de dinero, sostuvo que al día siguiente fue hasta el diario ABC Color para darle su liquidación a Lezcano y que se confundió de sobre, ya que debía entregarle uno con su salario pero terminó dándole el que tenía G. 40 millones, monto que era para el sueldo de todos los funcionarios. “Cuando me percaté enseguida le empecé a enviar mensajes. Tengo todo guardado”, dijo y agregó que llegó a mostrar estos mensajes a Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color.

“Es una vergüenza e irresponsabilidad que hayan puesto palabras que no están”, dijo en otro momento. “Arma todo este circo mediático, este circo que llega con Mabel (Rehnfeldt)”, añadió.

“¿Te parece ético que una persona a quien vos le abriste las puertas de tu empresa, le diste trabajo, le diste oportunidad, le solucionaste la vida, desvirtúe una historia así como hace Juanki Lezcano? Me parece una falta de integridad total”, cuestionó.

EL CASO

El martes, el periodista de investigación “Juanki” Lezcano denunció en el medio en que trabaja (ABC Color) que recibió el importe de G. 22.000.0000 (luego en Fiscalía se determinó que en realidad eran 40 millones) para parar con unas publicaciones referente a la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el contrato del nuevo sistema de seguridad del hospital.

Lezcano manifestó que el día de ayer fue convocado a una “llamativa” reunión, en donde participó la consultora de comunicación María Luz Peña, Óscar Chamorro, responsable de la firma Security Service Tecnology (SST) y el senador liberal Dionisio Amarilla.

Al principio alegó que desconoció para qué fue convocado, pero luego se supo que trabajaba en dicha productora.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.