Los comunicadores explicaron que en la nota se denuncian los asesinatos contra comunicadores, el avance de la narco política y los retrocesos en materia de libertad de expresión y derechos humanos durante el gobierno de Horacio Cartes.

Las organizaciones firmantes solicitaron además al Pontífice que se pronuncie sobre estos hechos ante la ciudadanía paraguaya y las autoridades del país a fin de dar mayor visibilidad a estas luchas.

A continuación la carta completa enviada al papa Francisco:

Como sabrá su visita a nuestro país es un evento de gran magnitud y repercusión, sus palabras llegaran a los oídos de cada paraguayo y de cada paraguaya y podrá llegar también a los oídos de los gobernantes, por esto nos gustaría compartirle nuestra visión sobre una situación que nos afecta de manera particular, que tiene que ver con el difícil momento que atraviesa la Libertad de Prensa en nuestro país.

La situación actual de la prensa en Paraguay está marcada por el reciente asesinato del periodista Pablo Medina corresponsal del diario Abc color en Curuguaty, departamento de Canindeyú, y su asistente Antonia Almada, ocurrido a plena luz del día el 16 de octubre del 2014.

Medina venía denunciando en sus crónicas periodísticas la deforestación masiva de bosques, el cultivo de la marihuana y el accionar de las bandas de traficantes de drogas, con identificación de los responsables y de sus padrinos políticos. Con una trayectoria de 16 años de labor en la profesión, en los últimos años puso el foco en el accionar de la mafia, lo que le valió distintas amenazas de los grupos criminales. En razón de ello, solicitó a las autoridades protección policial, por lo que tuvo el acompañamiento de un efectivo de seguridad, custodia que le fue retirada en setiembre de 2013, sin explicación fundada de los jefes policiales.

Con este crimen suman cinco los comunicadores asesinados entre los años 2013 y 2014, en crímenes atribuidos a la mafia fronteriza. En los 25 años desde el retorno a la democracia, en el Paraguay suman 16 los comunicadores asesinados por organizaciones criminales trasnacionales. Una racha que se inicia con el asesinato del destacado colega Santiago Leguizamòn, director de Radio Mburucuya, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, en abril de 1991.

Varios otros colegas nuestros, han sido amenazados, hostigados y atacados por estas mafias e incluso por miembros de fuerzas públicas, lo que sumado a otros aspectos, como son: el ataque a los medios comunitarios por parte del propio Estado, el deterioro de las condiciones laborales de los periodistas y la concentración de medios en pocas manos, ha configurado un escenario de franco retroceso de la libertad de expresión en el país en los últimos años.

Esto se suma a un clima de creciente deterioro en el ámbito de los derechos humanos, desde la asunción del presidente Horacio Cartes en agosto del 2013, lo que ha venido provocando reacciones ciudadanas en general.

Tras el asesinato de Pablo Medina, hemos conformado la Coordinadora de Periodistas en Alerta (CPA), integrada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), periodistas del diario ABC Color y de otros medios de comunicación, con la que estamos coordinando y apoyando diversas movilizaciones en Asunción y otras ciudades del Paraguay, con actos en varios puntos del país.

La prioridad de nuestras acciones está centrada en:

*El esclarecimiento del asesinato del colega Pablo Medina y su asistente Antonia Almada.

*Reabrir las investigaciones fiscales sobre los asesinatos a periodistas desde 1991 a la fecha.

*Protección para los comunicadores que se encuentran amenazados o trabajando actualmente en zonas de riesgo.

*El respeto por parte de las autoridades a la libertad de expresión y de prensa, como uno de los derechos fundamentales para la existencia de una sociedad democrática.

*Un compromiso de los responsables de los tres poderes del Estado en una lucha frontal contra la mafia del narcotráfico, cuya incursión en la estructura del Estado es cada vez más notoria, colocando al Paraguay en la senda de países hermanos que se enfrentan a éste flagelo causante de violencia, muerte y destrucción de un sistema de vida civilizado.

Éstas denuncias se han llevado ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA, la Federación Internacional de Periodistas(FIP), entre otras, que siguen atentamente la evolución de los hechos.

Ante esta difícil situación, estimado Papa Francisco, sería de gran valor para la causa de la Libertad de Expresión, que Usted pueda mencionar y poner énfasis ante las autoridades nacionales sobre la importancia del seguimiento de este cuadro de situación en Paraguay y que las investigaciones determinen la responsabilidad de autores materiales e intelectuales de los crímenes contra periodistas, que los mismos sean llevados ante los tribunales y reciban el castigo que marca la ley y que se desmonte definitivamente la incursión del narcotráfico en la política y en el poder publico, proceso que hoy toda la ciudadanía conoce como”Narcopolítica”.

Le rogamos también aliente a Obispos, sacerdotes y religiosos en el país a comprometerse en ésta lucha por una sociedad basada en valores éticos y respeto a la ley, la libertad y la democracia, concienciando a las comunidades en éstos valores, para bien de la ciudadanía.

Agradeciéndole de antemano su deferencia y su compromiso en defensa de la vida, de la libertad y de una sociedad mas justa y equitativa, nos despedimos con un fraternal saludo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.