En entrevista con el canal GEN, Urbieta habló la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país y las grandes dificultades que deben atravesar en este contexto de la pandemia.

Primeramente, recordó que la discapacidad no es una enfermedad sino una condición de la persona y señaló que las personas con discapacidad sí cuentan con patologías de base y por ello requieren de un acceso preferencial a la vacuna contra el COVID-19.

Para aquellas personas que poseen alguna discapacidad física, existen muchas dificultades para acceder a los hospitales, según Urbieta, teniendo en cuenta que el transporte público no es accesible y que las calles se encuentran en mal estado. “Trasladarse de un lugar a otro es una dificultad muy grande”.

Para una persona con discapacidad auditiva que tenga COVID-19 y deba acudir a un hospital, podría ser un problema el hecho de comunicarse con los médicos o enfermeras ya que muchos no entienden el lenguaje de señas, recordó.

Igual situación para alguien que sufre una discapacidad visual y que recibe una receta médica que no está escrita con el sistema Braille. Al momento de buscar los medicamentos, no tendrá forma de saber qué deben darle en la farmacia, indicó Urbieta.

“Urge que la población de personas con discapacidad tengamos una prioridad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19”, reiteró el activista al canal GEN.

En lo que respecta a la inclusión laboral, destacó que existe un leve avance en el ámbito de la función pública con la incorporación de más personas con discapacidad en instituciones del Estado. Cabe recordar que la ley establece que al menos el 5% de los funcionarios en entes públicos deben ser personas con discapacidad.

Urbieta espera que más adelante no tengan que existir leyes que obliguen a contratar personas con discapacidad sino que se entienda que “con la diversidad todos nos nutrimos” y que estas personas pueden cumplir a cabalidad las tareas que les sean asignadas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.