Adriana Ávila, directora social de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), en entrevista con la 970 AM mencionó que esta semana se ha reiniciado el “operativo mudanza” con familias que viven en la Chacarita y la zona de Zeballos Cué.

En la jornada de ayer el trabajo se enfocó de manera significativa con aquellas personas cuyas viviendas empezaron a ser afectadas por la inundación en la zona de San Vicente, ubicación próxima a la orilla del río Paraguay, indicó.

Ávila confirmó que actualmente la Senavitat ya ha definido a la mayoría de las personas que finalmente fueron adjudicadas para vivir en el barrio San Francisco, específicamente unas 934 familias cuyo listado se encuentra disponible en la página web de la institución.

Al ser consultada sobre algunos pobladores que se niegan a abandonar sus viviendas o han rechazado la propuesta, sostuvo que “lógicamente hay personas a quienes no les interesa o no están conformes con el proyecto”, lo cual ellos respetan. Para esos casos, recordó que la Senavitat cuenta con otras alternativas disponibles, como por ejemplo el proyecto de compra de viviendas.

Los que ya se han mudado al nuevo barrio modelo ubicado en Zeballos Cué y han pensado en regresar a sus antiguas viviendas son una minoría, afirmó Ávila, por ejemplo algunas personas de la tercera edad que “no se hallan” o no logran adaptarse del todo, aunque tampoco tienen intención de regresar a su anterior vida en la precariedad.

Así también, dijo que aquellas personas que ya fueron adjudicadas para vivir en el barrio San Francisco no se niegan a la mudanza, atendiendo a que el proceso es 100% voluntario. Inclusive, hay casos de familias que, a raíz de la crecida del río Paraguay, han cambiado de postura de un momento a otro y finalmente sí expresaron su deseo de ir.

“El proceso de transición y adaptación es muy complejo luego de haber pasado décadas en un mismo lugar. Los niños y adolescentes son los que más rápido se adaptan en comparación a los adultos, pero las personas no quieren volver al lugar de donde salieron”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.