María del Carmen Benítez, presidenta interina de Opaci, dijo a la 650 AM que existen 191 municipios que están expidiendo licencia de conducir y que algunos siguen cobrando 20.000 guaraníes, pese a que se redujo a 10.000 guaraníes el pasado 1 de marzo.

La titular reiteró la resolución a todos los intendentes asociados. “Apelo a la responsabilidad de cada jefe comunal para hacer cumplir esta disposición”, indicó. Benítez comentó que el monto del canon cobrado va a la Opaci, que es la que presta su base de datos e infraestructura tecnológica para las licencias.

Al ser consultada sobre si los municipios que no acatan se exponen a alguna sanción, la mujer respondió que su institución no puede castigar a sus asociados.

En cuanto a las municipalidades que salieron de la organización, María del Carmen Benítez aclaró que de momento solamente recibieron un pedido oficial de un municipio que decidió apartarse. Indicó que se trata de la comuna de Tobatí, que “no está al día con sus transferencias de aranceles a la institución, pero vamos a hablar con el intendente para reencausar la situación”.

Dijo que seguirán en la reconquista de las comunas. Lamentó además la decisión del senador Miguel Abdón Saguier, titular del PLRA, de “instigar a los intendentes de salir de la Opaci”.

Contó que está de acuerdo en la modificación del estatuto si es que sea necesario. “Vamos a escucharnos entre todos para trabajar y que la ayuda llegue a todas las municipalidades del interior del país. Hay sombras pero tenemos fortalezas”, añadió.

“En la zona de Guairá, tanto intendentes colorados y liberales, están en forma plena de la institución. Hay municipalidades que no estaban siendo socias de la Opaci y ya tenemos la suerte de contar con su credibilidad y presentaron sus notas para acceder a la institución”, indicó al momento de añadir que la próxima semana se reunirán con más intendentes, especialmente de Itapúa, para hacerlos cambiar de parecer.

Por otra parte, criticó que el Poder Legislativo pretende centralizar nuevamente el Fonacide, quitando de las comunas y enviando los fondos al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La modificación fue realizada por la Cámara de Senadores y actualmente se encuentra en estudio en Diputados.

La Opaci, según su misión, se encarga de desarrollar programas de asistencia, ofrecer servicios de calidad y mejorar la capacidad de organización y de gestión de las municipalidades asociadas. Sin embargo, la organización se encuentra en el ojo de la tormenta tras las supuestas irregularidades cometidas. La Contraloría General de la República realiza una auditoría a la institución, que recaudó 41.000 millones de guaraníes por renovación y expedición de licencias de conducir.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.