El camarista Cristobal Sánchez manifestó a la 780 AM que “hubo simplemente y lamentablemente un error material, un error de dactilografía. De verdad lamento muchísimo y reconozco que no tendría que haber existido eso”.

El problema se da porque Sánchez votó por la anulación de la condena pero con el reenvío de la causa a un nuevo juicio, a su voto -según consta entre los argumentos esgrimidos en el fallo- se sumó su colega Arnaldo Martínez Prieto, en tanto que el único que estuvo a favor de que se acepte la casación y ya no se realice un nuevo enjuiciamiento fue Emiliano Rolón. Sin embargo, finalmente consideraron la última opción, siendo que era la que no reunió la mayor cantidad de votos.

Al respecto, Sanchez detalló que se erró en cuanto al orden de los nombres. Es así que el voto Martínez Prieto tuvo que haber estado en el tercer lugar, luego de Rolón. De esta manera, iban a ser dos votos a favor de la no realización de un nuevo juicio y solo uno (el suyo) para que los labriegos vuelvan a ser enjuiciados.

“Yo sigo del criterio de que se tiene que enviar a un nuevo juicio y ellos votaron directamente por la absolución”, puntualizó. “El trabajo es voluminoso y complicado”, dijo respecto a la labor del dactilógrafo.

Señaló que este lunes se reunirá con sus colegas para analizar la solución a darle al lamentable error que hasta podría anular su decisión. “La ley prevé la forma de cómo aclarar. El recurso de aclaratoria establece que el juez o magistrado podrá aclarar las expresiones oscuras y corregir cualquier error material, siempre que ello no importe una modificación esencial del fallo”, resaltó.

RECUSADOS

Sin embargo, el fiscal Nelson Ruiz señaló que en estos momentos los mismos camaristas no pueden intervenir ni para un recurso de aclaratoria porque fueron recusados por la fiscalía.

El representante del Ministerio Público comentó a Unicanal que la anulación de la condena fue algo desordenado, en cuanto a forma, porque no se respetó el orden de emisión de votos, entre otros aspectos.

FALLO ES NULO

Por su parte, el abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos resaltó en charla con la 730 AM que el fallo absolutorio del caso Curuguaty podría ser nulo si es que el camarista Arnaldo Martínez Prieto admite que se equivocó al firmar su voto sin leer que en el escrito pedía un nuevo juicio oral y público.

“Ya no tenemos seguridad jurídica de cuál es la mayoría. Lo válido es lo firmado, cuando hay dos votos distintos adherirse a uno u otro cambia el sentido del fallo, eso no se puede resolver vía aclaratoria”, subrayó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.